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El Gobierno implementó por decreto un ambicioso paquete fiscal para cerrar una brecha presupuestaria de $11,1 billones, argumentando progresividad y necesidad fiscal.

Sin embargo, la medida enfrenta cuestionamientos sobre su constitucionalidad y su potencial impacto adverso en la economía y la confianza inversionista.

La reforma al impuesto al patrimonio reduce a casi la mitad el umbral de entrada y eleva las tarifas hasta un 5 %, buscando un recaudo adicional de $1,7 billones. La medida, que afecta a un reducido grupo de contribuyentes de alto patrimonio, es una de las apuestas centrales del Gobierno para aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El Gobierno elevó el IVA de la mayoría de licores del 5 % al 19 %, excluyendo la cerveza, y ajustó la base del IVA para juegos de azar en línea. La medida busca recaudar más fondos para la salud, pero enfrenta la oposición de sectores que temen un impacto negativo en el mercado formal.

El Ejecutivo triplicó la sobretasa de renta para el sector financiero, llevándola al 15 %, con el objetivo de recaudar $1,2 billones adicionales de una industria con altas utilidades. El Ministerio de Hacienda ha advertido que vigilará de cerca para que este aumento no se traslade a los costos de los servicios para los consumidores.

En una movida jurídicamente contenciosa, el Gobierno reintrodujo la prohibición de deducir regalías en el sector extractivo, a pesar de un fallo previo en contra de la Corte Constitucional. Además, impuso un nuevo impuesto del 1 % a la venta de petróleo y carbón, aumentando significativamente la presión fiscal sobre esta industria.

El Gobierno redujo el umbral para compras internacionales libres de IVA de 200 a 50 dólares, lo que encarecerá la mayoría de las importaciones realizadas por consumidores en plataformas de e-commerce. La medida busca aumentar el recaudo y nivelar la competencia, pero afectará directamente a los compradores en línea.

El Gobierno decretó un fuerte aumento al impuesto sobre los cigarrillos y creó nuevos gravámenes para los vapeadores, citando objetivos de salud pública. Adicionalmente, incrementó al 19 % el impuesto al consumo para bienes de lujo, como vehículos de alta gama y yates, como parte de su estrategia de progresividad fiscal.

La DIAN ha definido los plazos fiscales para 2026, estableciendo que las personas naturales declararán renta entre agosto y octubre, mientras que las empresas lo harán en cuotas entre febrero y julio.

Este calendario es fundamental para que los contribuyentes eviten sanciones y planifiquen adecuadamente el cumplimiento de sus obligaciones.

El Gobierno ha reintroducido un impuesto de normalización tributaria del 19 % para la legalización de activos no declarados y ha ofrecido reducciones de hasta el 85 % en sanciones e intereses para deudores. Estas amnistías buscan generar un recaudo rápido y reducir la cartera morosa de la DIAN como parte de la estrategia fiscal de emergencia.

Gremios como APPCE y Asobares han rechazado los nuevos impuestos decretados por el Gobierno, alertando que las medidas, implementadas sin concertación, amenazan la sostenibilidad de las mipymes y del sector nocturno. Advierten sobre un posible aumento de la informalidad, la pérdida de empleos y el incentivo al contrabando.