Noticias cortas: Números de la semana

La deuda insostenible de Air-e, que alcanza los $3,6 billones, ha provocado una crisis de liquidez que pone en riesgo no solo el suministro en la costa Caribe, sino la estabilidad de todo el sistema eléctrico nacional. A pesar de la intervención gubernamental, la falta de un plan claro y de inversiones ha agravado la situación, llevando a los gremios a buscar soluciones judiciales para evitar un posible colapso energético y futuros aumentos tarifarios para 1,3 millones de usuarios.

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro, que busca recaudar hasta $26,3 billones, ha generado una fuerte oposición por su potencial impacto inflacionario y su efecto en la competitividad de sectores como turismo, transporte y entretenimiento. Aunque el Ejecutivo ha mostrado disposición para reducir su meta a $16,3 billones y eliminar el IVA a combustibles, la discusión en el Congreso se centra en cómo equilibrar la necesidad fiscal sin afectar desproporcionadamente a la clase media y al sector productivo.

El Presupuesto General de la Nación para 2026, fijado en $557 billones, enfrenta un futuro incierto en el Congreso debido a su alta dependencia de una reforma tributaria controversial. Mientras el Gobierno ha cedido a un posible recorte de $10 billones, las propuestas legislativas van desde ajustes moderados hasta la eliminación total de los nuevos impuestos, abriendo la posibilidad de que, por falta de acuerdo, el presupuesto sea expedido por decreto.

Un déficit proyectado de $8,9 billones para subsidios de energía y gas en 2025 y 2026 amenaza la estabilidad financiera del sector y podría impactar directamente a los hogares más vulnerables. Los gremios solicitan al Gobierno apropiar los recursos necesarios para cubrir la deuda actual de $3 billones y garantizar los fondos para el próximo año, evitando así un posible aumento en las facturas de los estratos bajos.

La Nueva EPS enfrenta una crisis financiera y administrativa sin precedentes, con deudas que superan los $21 billones, anticipos multimillonarios sin legalizar y un masivo represamiento de facturas. Los hallazgos de la Contraloría evidencian un deterioro progresivo que, a pesar de la intervención de la SuperSalud, amenaza la sostenibilidad de la EPS más grande de Colombia y la atención de sus 11 millones de afiliados.

Con una emisión récord de €4.100 millones y una demanda sin precedentes de más de €25.000 millones, Colombia ha regresado exitosamente al mercado de bonos europeo tras diez años de ausencia. Esta operación no solo diversifica las fuentes de financiamiento y reduce el costo de la deuda, sino que también refleja una sólida confianza de los inversionistas internacionales en la gestión macroeconómica del país, a pesar de los retos fiscales internos.

El dólar en Colombia ha caído por debajo de los $3.900, su nivel más bajo en 15 meses, debido a la debilidad global de la divisa estadounidense, las expectativas de recortes de tasas de la Fed y factores locales como la gestión de la deuda pública y un mayor optimismo de los inversionistas. Esta apreciación del peso colombiano refleja una mayor confianza en los activos locales y un entorno favorable para los mercados emergentes.

La inversión de US$25 millones de Amazon en Rappi, con opción a una participación del 12%, reconfigura el mapa del comercio electrónico en América Latina.

La alianza estratégica permite a Amazon fortalecer su red logística de última milla para competir directamente con Mercado Libre, mientras que Rappi obtiene un respaldo financiero y tecnológico clave para su expansión y su proyectada salida a bolsa.

La inflación anual en Colombia subió al 5,10% en agosto, marcando un retroceso en la lucha contra el costo de vida y afectando principalmente a los hogares de menores ingresos por el alza en alimentos (6,1%). Este repunte, que aleja al país de la meta del 3%, genera presiones sobre la política monetaria y anticipa que el Banco de la República podría mantener altas sus tasas de interés.

La propuesta de una nueva contribución del 20% sobre la energía para la industria amenaza con elevar los costos de producción y reducir la competitividad de Colombia.

Asoenergía advierte que esta medida, sumada a un incremento ya existente del 60,5% en las tarifas desde 2020, se trasladará a los precios finales, afectando el bolsillo de todos los consumidores y agravando las presiones inflacionarias.