
La crisis de la Nueva EPS, evidenciada por una deuda superior a $21,3 billones y graves irregularidades administrativas según la Contraloría, ha generado un conflicto político sobre sus causas. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro denuncia un “robo estructural” y ocultamiento de cifras, la Superintendencia de Salud matiza los hallazgos, aclarando que parte de los “anticipos” son pagos por servicios ya prestados. La situación, que afecta a más de 11 millones de usuarios, refleja una profunda crisis estructural del sistema de salud colombiano.