
La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno busca asegurar $16,3 billones mediante impuestos extraordinarios tras un revés legislativo. Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte oposición de sectores empresariales y expertos que cuestionan su justificación constitucional y su oportunidad, creando un clima de incertidumbre jurídica y económica a la espera de la revisión de la Corte Constitucional.










