
La aprobación del presupuesto de $546,9 billones, con un recorte de $10 billones, marca un punto de inflexión fiscal producto de una negociación entre el Gobierno y el Congreso.
Este ajuste modera la reforma tributaria asociada, elimina facultades extraordinarias al presidente y refleja un consenso político para evitar la expedición por decreto, aunque persisten los retos para financiar el gasto y la inversión en 2026.