
La utilización de la emergencia económica por parte del Gobierno para implementar medidas fiscales, tras el fracaso legislativo de la reforma tributaria, ha desatado un profundo debate sobre su legalidad y conveniencia. La controversia se centra en si la situación fiscal justifica una medida excepcional y en la oportunidad de su declaratoria, dejando la decisión final sobre su constitucionalidad en manos de la Corte Constitucional.









