Noticias cortas: Derechos Humanos

El conflicto entre grupos armados en Catatumbo ha generado una severa crisis humanitaria con miles de desplazados y confinados.

A pesar del despliegue militar, la población civil sufre violencia y desabastecimiento, lo que ha provocado llamados urgentes para una intervención gubernamental efectiva que cuestione la estrategia de 'paz total' en la región.

La suspensión de la entrega de medicamentos de Colsubsidio a la Nueva EPS es el síntoma más reciente de una profunda crisis financiera y de gestión en el sistema de salud. La situación amenaza la continuidad de los tratamientos para más de 1.6 millones de personas y pone en evidencia el riesgo de un colapso sistémico, según advertencias de la Contraloría y gremios del sector.

Los feminicidios de Kelly Echeverry, Natalia Castrillo y otras mujeres en distintas regiones del país demuestran la persistencia de la violencia de género. Estos crímenes, a menudo perpetrados por parejas o exparejas, exponen la necesidad urgente de fortalecer las rutas de protección y de combatir la indiferencia social ante estas agresiones.

A pesar de las campañas de prevención, la temporada de fin de año dejó un saldo de más de 1.400 quemados por pólvora, con una alarmante cifra de más de 400 menores de edad afectados. Esta situación, calificada como una crisis de salud pública, satura las unidades de quemados y demuestra la necesidad de medidas más estrictas para proteger el derecho a la vida y la integridad, especialmente de la niñez.

Con 202 miembros asesinados, 2025 fue el año más mortífero para la Fuerza Pública en la última década. Los asesinatos de uniformados, que continuaron en los primeros días de 2026, demuestran la intensificación del conflicto y la vulnerabilidad de los agentes, incluso durante sus periodos de descanso, lo que representa un grave desafío para la seguridad del Estado.

Con 165 asesinatos reportados por la Defensoría del Pueblo en 2025, la violencia contra líderes sociales sigue siendo una grave crisis de derechos humanos en Colombia. El homicidio del líder Wiwa José Miguel Mójica evidencia la vulnerabilidad de los defensores del territorio y el impacto devastador de esta violencia, que también genera desplazamiento forzado.

La violencia y el desplazamiento forzado siguen afectando a los pueblos indígenas en Colombia. Casos como el desplazamiento de la comunidad Wiwa en La Guajira tras el asesinato de un líder y las agresiones a la comunidad Emberá en Bogotá evidencian la vulnerabilidad y la falta de garantías para sus derechos territoriales y humanos.

La captura de nueve funcionarios y exfuncionarios de la Policía, CTI e Inpec revela una sofisticada red de corrupción que vendía justicia al mejor postor. Al manipular expedientes de lavado de activos y cobrar millonarias sumas para favorecer a criminales, este entramado socavaba la lucha del Estado contra el crimen organizado y erosionaba la confianza en las instituciones.

Cartagena ha dado un paso histórico en materia de bienestar animal al prohibir los coches de caballos y reemplazarlos por vehículos eléctricos. Aunque la medida es celebrada por activistas, enfrenta la resistencia de un grupo de cocheros que temen por su patrimonio y futuro laboral, evidenciando la complejidad social de esta transición.

El caso contra Zulma Guzmán por el envenenamiento de menores con talio se ha convertido en un complejo entramado judicial internacional. La solicitud de extradición desde el Reino Unido está frenada por su delicado estado de salud, mientras en Colombia la Fiscalía fortalece el caso e investiga su posible conexión con otra muerte, en una carrera por garantizar justicia para las víctimas.