Noticias cortas: Derechos Humanos

La escalada de violencia contra el personal del INPEC, con asesinatos en Bogotá y Palmira, subraya una crisis de seguridad atribuida a represalias de bandas criminales por operativos antiextorsión. A pesar de la condena del Gobierno y las promesas de firmeza, los sindicatos exigen medidas de protección urgentes ante un “plan pistola” que ha dejado decenas de víctimas y más de 270 amenazas en 2025.

El asesinato de tres hombres en una barbería de Barranquilla, un día después del anuncio de una tregua entre bandas locales, evidencia la fragilidad de los pactos criminales. Las autoridades investigan si el crimen fue un ajuste de cuentas por préstamos informales o una retaliación de ‘Los Pepes’, en un contexto de violencia que ha convertido a la ciudad en un foco de masacres.

Los jefes de las bandas más violentas de Barranquilla acordaron una tregua hasta 2026 como parte de la “Paz Urbana”. Aunque el pacto busca reducir homicidios y extorsiones, su efectividad es cuestionada por la ocurrencia de una masacre al día siguiente y por el escepticismo sobre la capacidad de los líderes encarcelados para controlar a sus estructuras en las calles.

Una operación coordinada entre Colombia y agencias internacionales logró la captura de 13 miembros de una red de trata de personas. La organización, liderada por alias ‘Luka’, engañaba a mujeres colombianas con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente en Europa, generando ganancias millonarias y sometiéndolas a condiciones de esclavitud.

El más reciente informe de la ONU sobre el Acuerdo de Paz en Colombia presenta un panorama agridulce: celebra las históricas sentencias de la JEP, pero alerta sobre un alarmante aumento en los asesinatos de excombatientes y lentitud en la reforma rural. La organización insta al Gobierno a acelerar la implementación y a garantizar la seguridad para las próximas elecciones.

La investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay avanza con la acusación formal contra Carlos Eduardo Mora, implicado en la logística del crimen. Las pruebas y testimonios fortalecen la hipótesis de que la Segunda Marquetalia fue la autora intelectual, y la Fiscalía prepara órdenes de captura contra sus miembros, acercándose a esclarecer este magnicidio.

El derecho a la educación de 3.000 estudiantes en Amalfi y Anorí fue vulnerado por amenazas del Frente 36 de las FARC, que declaró “objetivo militar” a cualquier persona extraña en la región. Las autoridades implementaron un modelo de estudio en casa para salvaguardar la vida de los menores, mientras la situación de orden público sigue siendo crítica.

La Misión Médica en el Cauca fue blanco de dos graves ataques: un paciente fue asesinado dentro de una ambulancia y un médico fue secuestrado para atender heridos. Las autoridades departamentales denunciaron estas violaciones al DIH y convocaron una mesa de emergencia para exigir protección para el personal de salud en medio del conflicto.

Las manifestaciones en solidaridad con Palestina en Bogotá, Medellín y Cali escalaron a actos de vandalismo, principalmente contra las sedes de la ANDI.

Estos hechos, que incluyeron ataques a la propiedad privada y a la fuerza pública, generaron un fuerte rechazo de los gremios empresariales y un debate sobre los límites del derecho a la protesta.

Mientras el Congreso debate una ley para regular la eutanasia, el caso de una joven de 25 años con una enfermedad crónica dolorosa que solicita morir dignamente pone de relieve la urgencia de la medida. El proyecto, que ya superó su primer debate, busca ofrecer seguridad jurídica y agilizar un derecho despenalizado hace casi tres décadas pero que aún carece de un marco legal sólido.