
El informe de la comisión de la ONU marca una escalada significativa en la condena de la campaña militar de Israel, acusando a sus más altas autoridades de perpetrar e incitar al genocidio. Esta conclusión, a pesar del rechazo israelí y la alta barrera legal para probar el crimen, alimenta la creciente presión internacional y los procesos judiciales contra el Estado hebreo.