Noticias cortas: Crimen y justicia

La primera sentencia de la JEP contra la cúpula de las FARC-EP establece una condena de ocho años de sanciones restaurativas por la política de secuestro, sin pena de cárcel. Mientras la JEP y organismos internacionales la califican como un hito histórico para la justicia transicional, diversas víctimas la rechazan por considerarla un acto de impunidad, generando un debate nacional sobre la proporcionalidad de las penas y la efectividad de la reparación.

En un fallo histórico, la JEP condenó a doce exmilitares a penas restaurativas de hasta ocho años por 135 'falsos positivos', destacando una alianza sistemática con paramilitares. Las sanciones, que incluyen restricciones de movilidad en Valledupar y trabajos de memoria, buscan reparar a las víctimas y evitar la repetición, aunque los altos mandos que no aceptaron responsabilidad enfrentarán juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la libertad del expresidente Álvaro Uribe, al confirmar una tutela que revocó su detención domiciliaria inmediata. El alto tribunal criticó a la jueza del caso por una "motivación aparente" y falta de sustento, permitiendo que Uribe continúe el proceso de apelación de su condena en libertad.

Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS enfrentarán un juicio por peculado, fraude procesal y falsedad, acusados de ocultar una deuda de más de 5 billones de pesos a través de millones de facturas no procesadas. La Fiscalía sostiene que esta maniobra generó utilidades ficticias para evitar la intervención estatal, mientras el presidente Petro denuncia un esquema de corrupción sistémica y pide investigar posibles nexos políticos en el poder judicial.

Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario asesinado Jorge Hernando Uribe, fue capturado como presunto autor intelectual del crimen, tras haber liderado públicamente la búsqueda de la víctima.

Aunque la Fiscalía le imputó desaparición forzada y homicidio agravado, un juez lo dejó en libertad provisional mientras la investigación continúa, una decisión que fue apelada por el ente acusador.

La Fiscalía radicó un escrito de acusación formal contra el exalcalde Daniel Quintero y doce personas más por presunta corrupción en el caso 'Aguas Vivas'. Se les imputan delitos de peculado, prevaricato e interés indebido en contratos para favorecer a particulares con más de 40 mil millones de pesos, mientras Quintero alega ser víctima de una persecución política.

El Gobierno Nacional denunció que disidencias de las FARC en La Plata, Huila, instrumentalizaron a la población civil, usándola como escudo humano para forzar la retirada del Ejército, lo que constituye una grave violación al DIH. Se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por los cabecillas responsables, mientras líderes políticos y sociales exigen mayor presencia estatal y soluciones de fondo para la crisis de seguridad en la región.

Dos hombres acusados de hurto fueron asesinados en Pitalito en aparentes actos de justicia por mano propia en un lapso de 24 horas. Un adolescente de 17 años fue linchado y baleado por la comunidad en zona rural, mientras que otro hombre con antecedentes judiciales fue ultimado a disparos en el área urbana tras negarse a devolver un celular robado, desatando la alarma de las autoridades.

El director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, fue sancionado con tres días de arresto domiciliario por un juez de Bucaramanga debido al desacato de una tutela que ordenaba proveer cargos públicos mediante listas de elegibles. Esta es la segunda sanción similar en menos de un mes, lo que evidencia un conflicto persistente sobre el respeto al mérito en la carrera administrativa de la entidad.

Alias 'La Tía', una operadora clave del Clan del Golfo, fue sentenciada a más de cuatro años de prisión por liderar una red que sobornaba a militares a cambio de información sobre operativos. La condena, producto de un preacuerdo con la Fiscalía, también incluye a un militar retirado y otros cómplices, evidenciando los intentos del grupo criminal por corromper a la fuerza pública para proteger sus operaciones.

El Consejo de Estado determinó que no se podrán imponer multas automáticas a vehículos por tener el SOAT o la revisión tecnomecánica vencidos si no están circulando. El fallo anula circulares del Ministerio de Transporte, estableciendo que la sanción solo es procedente si se comprueba que el vehículo está en tránsito, eliminando así los comparendos a carros estacionados o guardados.

Un patrullero de la Policía fue destituido e inhabilitado por 15 años y seis meses por la Procuraduría, tras ser hallado responsable de la muerte de dos manifestantes durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá. El ente de control determinó que el uniformado hizo un uso injustificado de la fuerza letal, incurriendo en un abuso de poder.