
La primera sentencia de la JEP contra la cúpula de las FARC impone ocho años de sanciones restaurativas por más de 21.000 secuestros, sin pena de cárcel. La decisión ha sido elogiada internacionalmente como un avance en la justicia transicional, pero ha provocado una fuerte indignación entre las víctimas, quienes la califican de impunidad, abriendo un debate nacional sobre la naturaleza de la justicia, la reparación y la reconciliación.