Noticias cortas: Crimen y justicia

La primera sentencia de la JEP contra la cúpula de las Farc impone ocho años de sanciones restaurativas, no de cárcel, por más de 21.000 secuestros, cumpliendo un punto clave del Acuerdo de Paz. No obstante, la decisión ha sido duramente criticada por víctimas emblemáticas que la consideran una forma de impunidad, evidenciando la tensión entre la justicia restaurativa y la demanda de castigos punitivos por crímenes de lesa humanidad.

La JEP emitió su primera sentencia contra agentes del Estado, condenando a 12 exmilitares por 135 'falsos positivos' con sanciones restaurativas de hasta ocho años.

El fallo reconoce un patrón criminal sistemático en alianza con paramilitares e impone trabajos reparadores, marcando un avance significativo en la justicia transicional para los crímenes de Estado, mientras que los mandos superiores que no confesaron enfrentan penas más severas.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la libertad del expresidente Álvaro Uribe, al considerar que la jueza de primera instancia no justificó adecuadamente la necesidad de su detención inmediata. Esta decisión no anula la condena de 12 años, que sigue en proceso de apelación, pero permite que el exmandatario enfrente el resto del proceso sin restricciones a su libertad.

Interpol ha activado una circular roja para la captura internacional de Carlos Ramón González, exalto funcionario del gobierno Petro, por su rol central en el caso de corrupción de la UNGRD. A pesar de ser buscado por cohecho y peculado, su asilo político en Nicaragua representa un obstáculo significativo para que enfrente a la justicia colombiana.

La fiscal del caso Nicolás Petro, Lucy Laborde, ha denunciado presiones internas en la Fiscalía, alegando que la asignación de una fiscal de apoyo no solicitada y reuniones imprevistas comprometen su independencia. En respuesta, la Fiscalía General retiró el apoyo, mientras el presidente Petro acusó a Laborde de actuar con motivaciones políticas, evidenciando una crisis institucional en torno al proceso contra su hijo.

La Comisión de Disciplina Judicial investiga a la jueza que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia, figura central del escándalo de Centros Poblados. La Procuraduría apeló la decisión, argumentando que no cumplía los requisitos legales, lo que pone en tela de juicio la actuación judicial en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.

El caso del empresario Jorge Hernando Uribe, hallado desmembrado y calcinado, dio un vuelco con la captura de su hermano, Juan Carlos Uribe, como presunto autor intelectual. A pesar de las pruebas de la Fiscalía, un juez lo dejó en libertad, una decisión que ha sido apelada y que mantiene la atención sobre un crimen que combina un drama familiar con un complejo proceso judicial.

Exdirectivos de la Nueva EPS, incluyendo su expresidente José Fernando Cardona, enfrentan un juicio por un presunto fraude de 5 billones de pesos, acusados de ocultar facturas para simular utilidades y evitar la intervención estatal. La Fiscalía sostiene que fue un esquema deliberado para desviar recursos, mientras la defensa alega que el dinero se usó para cubrir deudas internas, en un caso que expone graves fallas en la gestión de la salud pública.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue nombrado ministro de Justicia ad hoc para el caso del expresidente Uribe, luego de que el titular de la cartera se declarara impedido. Esta designación pone a una figura clave y controvertida del gobierno Petro al frente de las decisiones administrativas sobre la condena de su principal opositor político.

El Consejo de Estado ha dictaminado que no se pueden imponer multas automáticas por SOAT o revisión tecnomecánica vencidos a vehículos que no estén circulando. Este fallo anula una práctica común de las autoridades de tránsito y establece que se debe probar que el vehículo estaba en uso para poder sancionar, beneficiando a miles de conductores.