Noticias cortas: Crimen y justicia

El caso de Juliana Guerrero evidencia graves fallas en los controles académicos de la Fundación San José, resultando en la anulación de su título por no presentar el examen Saber Pro. La controversia ha generado una investigación del Ministerio de Educación, la destitución de directivos universitarios y ha suspendido el nombramiento de Guerrero como viceministra, destacando la necesidad de mayor rigor y transparencia en la acreditación de títulos para funcionarios públicos.

La captura de Juan Carlos Uribe como presunto autor intelectual del asesinato de su hermano Jorge Hernando Uribe revela un complejo drama familiar.

A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, una jueza lo dejó en libertad, decisión que fue apelada. El caso continúa generando controversia mientras la hija de la víctima clama por justicia y denuncia presiones familiares.

La justicia avanza en el caso UNGRD con la colaboración del exasesor Pedro Rodríguez Melo, quien testificará contra altos funcionarios, y la emisión de una circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González. Estas acciones son pasos cruciales para esclarecer el millonario desfalco y judicializar a los responsables, aunque la situación de asilo de González en Nicaragua representa un obstáculo significativo.

Las primeras sentencias de la JEP imponen sanciones restaurativas de hasta ocho años a exjefes de las FARC por secuestro y a exmilitares por 'falsos positivos', sin penas de cárcel. Aunque representan un avance en la justicia transicional, han generado un profundo debate sobre la impunidad y la reparación a las víctimas, además de enfrentar desafíos financieros para su implementación.

La captura de dos militares y una civil que se hizo pasar por capitán del Ejército reveló una grave infiltración en el anillo de seguridad del presidente Petro. La red accedió a información clasificada sobre la protección presidencial y operativos contra el 'Tren de Aragua', evidenciando serias vulnerabilidades en la contrainteligencia de las Fuerzas Militares.

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue imputado por presuntamente ofrecer un contrato a un abogado para que retirara una demanda de nulidad electoral en su contra. La Fiscalía también lo acusa de amenazar a un testigo clave en la trama, lo que agrava su situación judicial y pone en riesgo su permanencia en el cargo mientras avanza el proceso.

La justicia colombiana e internacional estrechan el cerco sobre la familia Marín.

Interpol busca a 'Papá Pitufo' por liderar una red de contrabando, mientras su hijo, Juan Diego Marín, fue capturado en Cartagena por un violento ataque contra su pareja. Ambos casos, uno por crimen organizado y otro por violencia de género, exponen la doble faceta delictiva que rodea a la familia.

Una jueza de Barranquilla enfrenta una investigación disciplinaria por conceder libertad condicional a Emilio Tapia, figura central del caso Centros Poblados.

La Procuraduría apeló la decisión, alegando incumplimiento de requisitos legales y demoras en el trámite del recurso, lo que pone en duda la rigurosidad judicial en casos de corrupción de alto perfil.

El caso contra Nicolás Petro se intensifica con una denuncia de presiones internas por parte de la fiscal a cargo y la programación de una nueva audiencia de imputación por más delitos, incluido tráfico de influencias. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, lo que podría llevar al hijo del presidente a prisión mientras enfrenta múltiples investigaciones por corrupción.

Una operación conjunta entre la Policía de Colombia, HSI e Interpol desmanteló una red de pornografía infantil que operaba en seis departamentos a través de Telegram. Doce personas fueron capturadas por comercializar material de abuso sexual, moviendo más de 100 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud y el alcance transnacional de este delito.