Noticias cortas: Crimen y justicia

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la libertad del expresidente Álvaro Uribe durante su proceso de apelación, argumentando que la orden de detención inicial carecía de una justificación jurídica y fáctica sólida. Esta decisión critica el proceder de la jueza de primera instancia pero no altera la condena por soborno y fraude procesal, que sigue pendiente de una resolución definitiva.

La primera sentencia de la JEP condenó a la cúpula de las FARC a ocho años de sanciones restaurativas por el delito de secuestro, una decisión que, si bien es un hito en la justicia transicional, generó una profunda división. Mientras las víctimas denuncian impunidad por la ausencia de cárcel, organismos internacionales y defensores del proceso de paz resaltan el reconocimiento de responsabilidad de los excomandantes.

La JEP emitió su primera sentencia por "falsos positivos", condenando a 12 exmilitares a penas restaurativas de hasta ocho años por 135 ejecuciones.

El fallo reconoce un patrón sistemático de crímenes en alianza con paramilitares e impone sanciones no carcelarias centradas en la reparación a las víctimas, marcando un hito en la rendición de cuentas de agentes del Estado.

El asesinato del niño de cuatro años Nairkel en Medellín a manos de su padrastro, un miembro de una banda criminal con antecedentes, ha provocado una condena nacional. El caso expuso un ciclo de violencia doméstica y ha puesto de relieve las alarmantes cifras de maltrato infantil en la ciudad, mientras las autoridades procesan al presunto responsable por homicidio agravado.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue formalmente acusado por la Fiscalía por corrupción, junto a nueve exfuncionarios y tres particulares.

El caso se centra en la presunta manipulación del POT para beneficiar a terceros con un predio, implicando delitos como peculado y prevaricato.

Quintero niega las acusaciones, alegando una persecución política mientras avanza en su precandidatura presidencial.

El asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe en Cali tomó un giro dramático con la captura de su hermano, Juan Carlos Uribe, como presunto autor intelectual. A pesar de haber mostrado públicamente su dolor, la Fiscalía lo acusa de planear el crimen, basándose en pruebas que lo sitúan como la última persona en ver a la víctima con vida.

Una red criminal que explotaba a niños indígenas para la mendicidad en zonas turísticas de Medellín fue desarticulada, revelando un esquema que generaba más de 2.000 millones de pesos anuales. Siete personas fueron imputadas, y durante la investigación se restablecieron los derechos de más de 900 menores.

'Epa Colombia' acordó pagar 100 millones de pesos y realizar labores sociales para reparar los daños que causó a TransMilenio en 2019.

Este acuerdo de justicia restaurativa no modifica su condena a prisión, la cual su defensa sigue disputando en otras instancias judiciales.

El Consejo de Estado ha prohibido la imposición de multas automáticas por SOAT o revisión técnico-mecánica vencidos basadas solo en datos del RUNT. La decisión establece que la sanción es aplicable únicamente cuando el vehículo está circulando, eliminando las "multas fantasma" para vehículos estacionados o fuera de uso.

Siete detenidos murieron por inhalación de humo tras un incendio en la estación de policía de Funza.

Mientras las autoridades atribuyen el hecho a un motín, familiares denuncian maltratos previos.

La Defensoría del Pueblo calificó la tragedia como un síntoma de la crisis carcelaria estructural y el hacinamiento en centros de detención transitoria.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de más de seis años de prisión para Andrey José Piñarete por amenazar de muerte a Federico Gutiérrez en 2022. La justicia determinó que el mensaje, enviado por Instagram desde España, constituía un delito grave contra un servidor público, desestimando los argumentos de la defensa y ordenando su captura.

Tras ser grabado agrediendo a su hijo de 15 años en Yarumal, un hombre fue capturado por la Policía de Antioquia. A pesar de que aceptó los cargos por violencia intrafamiliar, un juez le concedió el beneficio de detención domiciliaria, una decisión que ha generado debate dada la sevicia del maltrato.

Gracias a la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, Michael J. Inofuentes fue condenado en un tribunal federal estadounidense por tráfico sexual infantil en Medellín.

Las pruebas, que incluían chats y registros de pagos, fueron contundentes para sentenciar al ciudadano estadounidense, quien enfrenta una pena de hasta cadena perpetua por el abuso de una menor de 15 años.