
El llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría marca un avance significativo en la investigación contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito. El caso, que involucra fondos de campaña supuestamente desviados para gastos personales, se suma a un proceso penal paralelo y pone en evidencia las complejidades de la financiación política y la necesidad de mayor control sobre los recursos y la conducta de los funcionarios públicos.