Noticias cortas: Crimen y justicia

El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno avanza con la judicialización de los dos principales sospechosos, Juan Carlos Suárez y Ricardo González, ambos enfrentando cargos por homicidio agravado. Mientras Suárez fue enviado a prisión preventiva destacándose su falta de arrepentimiento, González se entregó y también enfrenta una solicitud de detención. La investigación desestima la versión de un acoso previo por parte de la víctima, consolidando la teoría de un ataque premeditado y brutal.

El accidente causado por el taxista José Eduardo Chalá Franco en San Cristóbal, Bogotá, resultó en la muerte de una adolescente de 15 años y dejó a su hermano de 7 años en estado crítico. El conductor, que manejaba con grado tres de embriaguez y tenía un historial de infracciones, aceptó los cargos y fue enviado a prisión. El caso ha generado un fuerte debate sobre la irresponsabilidad al volante y la efectividad de las sanciones a conductores reincidentes.

Mauricio Cendales Parra murió linchado por una turba de motociclistas en Bogotá tras protagonizar un atropellamiento múltiple.

Mientras su familia alega que sufría de problemas de salud mental que desencadenaron su comportamiento, su historial revelaba múltiples infracciones de tránsito y antecedentes judiciales.

El caso ha generado un fuerte rechazo a la justicia por mano propia y las autoridades ya investigan a los presuntos responsables de la agresión.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá', líder de 'La Inmaculada', a Estados Unidos por narcotráfico. Aunque ya cumple una condena de 30 años en Colombia, la decisión es un golpe significativo contra el crimen organizado en el Valle del Cauca. 'Pipe Tuluá' ha pedido a su grupo no cometer actos violentos, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en Tuluá ante el riesgo de retaliaciones.

Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', fue formalmente acusado por la Fiscalía por liderar una red de contrabando que pagaba sobornos millonarios a funcionarios de la DIAN y la Policía en puertos clave del país. La investigación detalla una 'nómina' para corromper a los agentes y facilitar el ingreso de mercancía ilegal. El juicio contra el presunto 'zar del contrabando' comenzará en febrero de 2026.

El gobierno de Gustavo Petro intensificó su ofensiva contra las disidencias de 'Iván Mordisco' con bombardeos en Guaviare y Arauca, que dejaron al menos 19 muertos y buscaron neutralizar a cabecillas clave como 'Antonio Medina'. Esta acción militar responde a la creciente violencia del grupo armado, pero genera preocupación en las comunidades locales por el riesgo de quedar atrapadas en el conflicto y por el reclutamiento de menores.

Las autoridades frustraron un atentado con una volqueta cargada de explosivos cerca de un batallón en Tunja, atribuido al ELN.

La detonación controlada del vehículo dejó tres soldados heridos y daños materiales, pero evitó una catástrofe.

Se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para capturar a los responsables, mientras la cúpula militar y el gobierno refuerzan la seguridad en Boyacá.

El senador Temístocles Ortega sobrevivió ileso a un atentado en Cauca, donde su vehículo recibió seis disparos. El ataque, ocurrido días después de un hecho similar contra el gobernador de Arauca, evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los líderes políticos en Colombia. Ortega denunció haber solicitado sin éxito un refuerzo de su esquema de seguridad a la UNP.

Dos hombres fueron asesinados en una heladería en Cali, incluyendo al abogado Fredy Albeiro Zapata. El crimen cobra mayor relevancia al descubrirse que el nombre de Zapata figuraba en una denuncia de la exjueza Cruz Magnolia Sánchez, asesinada dos meses después.

Las autoridades investigan la conexión entre ambos homicidios y ofrecen una recompensa para esclarecer los hechos.

El ELN secuestró a cinco soldados en Tame, Arauca, un día antes de atentar contra el gobernador del mismo departamento.

La Defensoría del Pueblo condenó el hecho como una violación al DIH y exigió su liberación. Este suceso agrava la crisis humanitaria en la región, donde el ELN ya mantiene secuestrados a otros cuatro funcionarios de la fuerza pública y la Fiscalía.