
El bombardeo en Guaviare, que causó la muerte de siete menores, ha suscitado un profundo debate sobre los límites del DIH en operaciones militares con niños soldados. Mientras el Gobierno defiende la legitimidad de la acción por necesidad militar, organismos de derechos humanos subrayan el estatus de víctimas de los menores y la obligación reforzada de protección del Estado, dejando la determinación final sobre un posible crimen de guerra en manos de las investigaciones judiciales.










