
La decisión del gobierno de retirar los aumentos de impuestos a la gasolina y la cerveza es una consecuencia directa de la reducción negociada del presupuesto de 2026.
Este movimiento, presentado como un acto de justicia fiscal, evita un impacto económico directo en los consumidores y refleja un consenso clave entre los poderes ejecutivo y legislativo, aunque el debate sobre el financiamiento del Estado continúa.