Noticias cortas: Aranceles

El propuesto incremento del IVA a los combustibles es un punto central de la reforma tributaria que enfrenta al Gobierno con diversos sectores económicos y políticos. Mientras el Ejecutivo lo defiende como una medida fiscal y ambientalmente responsable que afecta principalmente a los más ricos, los críticos advierten sobre un inevitable efecto inflacionario en cascada que perjudicará a toda la población, especialmente a las clases media y baja, a través del encarecimiento del transporte y los alimentos.

El plan del Gobierno para aumentar drásticamente los impuestos a licores y tabaco enfrenta una fuerte oposición de la industria y las gobernaciones. Advierten que, lejos de cumplir sus objetivos de salud y recaudo, la medida podría disparar el contrabando y el consumo de licor adulterado, afectando las finanzas regionales y la salud de los colombianos.

La propuesta de imponer un IVA del 19% a boletas de espectáculos de alto valor es vista por el Gobierno como una medida de progresividad fiscal. Sin embargo, la industria de eventos advierte que el impuesto encarecerá el acceso a la cultura y el entretenimiento para la clase media y podría reducir la cantidad y diversidad de conciertos en Colombia, afectando la competitividad del país en el circuito de giras internacionales.

La propuesta de eliminar la exención de IVA a importaciones de bajo monto busca nivelar la competencia para el comercio nacional y aumentar el recaudo fiscal.

Aunque la medida se alinea con tendencias globales, su aprobación encarecería las compras en plataformas digitales internacionales, afectando a un amplio número de consumidores colombianos que las utilizan como una alternativa económica.

La propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias revive un debate sobre la equidad tributaria y el rol social de las entidades religiosas.

Mientras el Gobierno busca que los negocios operados por iglesias tributen como cualquier otra empresa, líderes religiosos y sus representantes políticos se oponen, argumentando que la medida afectaría su labor social y desconocería su naturaleza no lucrativa.

El Gobierno busca aumentar significativamente los impuestos a vehículos híbridos y motocicletas de alto cilindraje, argumentando la necesidad de reorientar los incentivos hacia tecnologías más limpias y aumentar el recaudo. Sin embargo, las medidas podrían encarecer el acceso a alternativas de movilidad para la clase media y generar cuestionamientos sobre la coherencia de la política de transición energética del país.

El proyecto de reforma tributaria busca aumentar significativamente el recaudo proveniente de personas naturales mediante el endurecimiento de los impuestos de renta y patrimonio. La ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de tarifas y la eliminación de beneficios fiscales afectarán principalmente a la clase media y alta, en línea con el objetivo gubernamental de mayor progresividad, pero generando preocupación por el impacto en el ahorro y la inversión personal.

La imposición de sobretasas a los sectores financiero y minero-energético es un pilar de la reforma tributaria para aumentar la progresividad fiscal. Mientras el Gobierno lo ve como una forma de que los sectores más rentables aporten más, los críticos y gremios empresariales advierten que estas cargas podrían reducir la competitividad, desincentivar la inversión y terminar afectando a los consumidores finales con mayores costos.

La reforma al impuesto al carbono presenta una dualidad: por un lado, busca desincentivar las emisiones con una tarifa más alta, pero por otro, debilita su enfoque ambiental al desviar una parte significativa del recaudo a las arcas generales de la nación y reducir los incentivos para la compensación a través de bonos de carbono.

Esta reconfiguración ha generado cuestionamientos sobre si la prioridad es fiscal o verdaderamente ambiental.

La reforma tributaria ha generado una profunda polarización, con un choque de narrativas entre el Gobierno y sus críticos. Mientras el Ejecutivo insiste en que la carga fiscal recaerá sobre los más adinerados para financiar la equidad social, una amplia coalición de gremios y fuerzas políticas advierte que las medidas propuestas, tanto directas como indirectas, terminarán afectando de manera desproporcionada a la clase media y al aparato productivo, en un momento de fragilidad económica.