
La propuesta de gravar los combustibles con un IVA de hasta el 19% es central en la reforma, enfrentando la necesidad fiscal y ambiental del Gobierno con advertencias de gremios y expertos sobre un severo impacto inflacionario que afectaría a toda la cadena productiva y al consumidor final. El debate se centra en la equidad de la medida y su verdadero impacto en la canasta familiar.