Noticias cortas: Aranceles

El propuesto aumento del IVA a los combustibles es uno de los puntos más polémicos de la reforma. Mientras el Gobierno lo presenta como una medida fiscal y ambiental necesaria con un impacto controlado, gremios del transporte, la industria y la oposición advierten sobre un grave efecto inflacionario que afectaría a toda la cadena productiva y el poder adquisitivo de la población, especialmente la más vulnerable.

La propuesta de aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas enfrenta una fuerte oposición de la industria licorera y los gobiernos departamentales. Advierten que, si bien el objetivo es recaudar más y proteger la salud, el efecto real podría ser la caída de las rentas legales que financian programas sociales y el fortalecimiento de un peligroso mercado de contrabando y adulteración.

El plan del Gobierno de aumentar significativamente los impuestos al tabaco e incluir a los vapeadores tiene un doble objetivo: reducir el consumo y aumentar el recaudo para la salud. No obstante, el éxito de la medida dependerá de la capacidad del Estado para controlar el contrabando, que podría expandirse y socavar los resultados esperados.

La propuesta de eliminar la tarifa de IVA reducida para vehículos híbridos refleja un cambio de estrategia del Gobierno para enfocar los incentivos solo en vehículos eléctricos. No obstante, la medida es controversial, pues críticos argumentan que podría frenar el ritmo de la transición energética al encarecer la tecnología intermedia más popular y accesible para los colombianos.

El impuesto propuesto para boletas de alto costo busca gravar un consumo considerado de lujo para aumentar el recaudo. Sin embargo, la industria del entretenimiento advierte que la medida podría contraer el mercado, disminuir la oferta de eventos internacionales y afectar a un público de clase media, lo que pone en tensión los objetivos fiscales con la vitalidad del sector cultural.

La propuesta de que las iglesias tributen por sus actividades comerciales es una de las más polémicas de la reforma, al tocar un sector con considerable poder económico y político.

Mientras el Gobierno lo justifica como un principio de equidad tributaria, líderes religiosos y sus representantes en el Congreso lo ven como un ataque que desconoce su naturaleza no lucrativa y su aporte social.

Las modificaciones al impuesto de renta para personas naturales son un punto central de la reforma, con un impacto directo en el ingreso disponible de la clase media y trabajadora. La eliminación de deducciones y el aumento de tarifas y retenciones han generado un fuerte rechazo, al considerarse que la propuesta castiga a los contribuyentes formales en lugar de ampliar la base gravable.

La ampliación de la base y el aumento de las tarifas del impuesto al patrimonio es una de las apuestas más fuertes de la reforma para gravar a los más ricos. Sin embargo, la medida genera preocupación en el sector económico por su potencial para desestimular la inversión y alentar la salida de capitales del país, un riesgo que podría contrarrestar los beneficios del recaudo adicional.

La eliminación de la exención de IVA para importaciones de bajo valor es una medida con un doble filo. Por un lado, responde a una demanda del comercio local por una competencia más equitativa y representa una fuente importante de recaudo. Por otro, encarecerá las compras en línea para un amplio sector de la población que veía en el comercio electrónico una alternativa económica.

El Gobierno busca endurecer su política contra las emisiones de carbono aumentando el impuesto y limitando sus mecanismos de compensación. Si bien esto podría generar un mayor recaudo y un desincentivo más fuerte al uso de fósiles, también pone en riesgo el mercado de bonos de carbono y desvía una parte importante de los recursos de su fin estrictamente ambiental, generando un complejo equilibrio entre los objetivos fiscales y climáticos.