
La propuesta gubernamental de aplicar una retención del 1,5 % a los pagos digitales comerciales para lograr equidad tributaria enfrenta una fuerte oposición. Los críticos sostienen que, a pesar de las exenciones y aclaraciones, la medida podría frenar la adopción de tecnologías financieras, perjudicar a los pequeños comercios y socavar los objetivos de inclusión financiera y digitalización que promueve el sistema Bre-B, recientemente implementado.


