Noticias cortas: Aranceles

La propuesta de gravar los combustibles con IVA pleno enfrenta una fuerte resistencia. Mientras el Gobierno la defiende como una medida fiscal y ambiental que afecta principalmente a los más ricos, transportadores, empresarios y opositores advierten sobre un efecto en cadena que encarecerá el transporte, los alimentos y la canasta familiar, golpeando a la clase media y a los sectores más vulnerables.

El propuesto aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas es visto por la industria y las gobernaciones como una amenaza de doble filo. A pesar de la justificación de salud pública del Gobierno, los productores advierten que los precios desproporcionados podrían colapsar el mercado legal, incentivar el contrabando y reducir drásticamente los ingresos departamentales.

El impuesto a boletas de eventos de alto valor es defendido por el Gobierno como una medida de equidad fiscal, pero la industria del entretenimiento alerta que podría reducir la oferta de espectáculos y encarecer el acceso a la cultura para la clase media, afectando la competitividad del sector en Colombia.

La reforma al impuesto al carbono busca un mayor recaudo fiscal, pero es criticada por debilitar los incentivos para la inversión en proyectos de mitigación y por reducir el porcentaje de los fondos destinados a fines ambientales, generando dudas sobre su impacto real en la transición energética y la lucha contra la deforestación.

La modificación al impuesto al patrimonio es una de las apuestas más fuertes del Gobierno para aumentar el recaudo de los sectores de mayores ingresos.

Sin embargo, enfrenta serias críticas por su potencial para ahuyentar la inversión y el capital, en un sistema que, según expertos, ya es poco competitivo a nivel internacional.

Los cambios en el impuesto de renta para personas naturales apuntan a aumentar la carga sobre los ingresos medios y altos. La eliminación de deducciones clave y el aumento de tarifas y retenciones generarán un mayor aporte de los asalariados, aunque la medida es criticada por afectar a un sector de la población que ya soporta una carga fiscal considerable.

El Gobierno busca redirigir los incentivos fiscales exclusivamente hacia los vehículos de cero emisiones, eliminando el beneficio para los híbridos. La medida es defendida como un ajuste necesario para alinear la política fiscal con los objetivos ambientales, pero es criticada por encarecer una alternativa de movilidad más limpia y accesible para el consumidor promedio.

La eliminación de la exención de IVA para importaciones de bajo valor busca equilibrar la competencia entre el comercio local y el electrónico internacional, además de aumentar el recaudo. Sin embargo, la medida encarecerá las compras en plataformas extranjeras, afectando a un amplio segmento de consumidores que las utilizan por sus precios competitivos.

El Gobierno insiste en que las actividades comerciales de las iglesias deben tributar, buscando equidad en el sistema fiscal. La propuesta enfrenta una fuerte resistencia política y religiosa, centrada en la defensa del carácter no lucrativo de estas entidades y su rol social, lo que anticipa un debate complejo en el Congreso.

El Gobierno busca ampliar la base del IVA gravando la administración y parqueaderos de propiedades comerciales y mixtas, una medida que aumentará los costos para las empresas. Aunque se excluyen las viviendas, el sector comercial advierte que el impuesto afectará la competitividad y terminará impactando los precios al consumidor.