Noticias cortas: Aranceles

La reforma tributaria del Gobierno Petro está al borde del fracaso definitivo debido a una sólida mayoría opositora en el Congreso que, mediante ponencias de archivo, ha bloqueado su avance. La principal crítica se centra en el impacto negativo que tendría sobre las clases media y baja, dejando al Gobierno con un significativo hueco fiscal para el presupuesto de 2026.

La propuesta de sobretasa a los sectores financiero y extractivo fue un factor determinante en el rechazo a la reforma, al ser percibida como una medida confiscatoria que afectaría gravemente la competitividad, la inversión extranjera y el costo del crédito en el país.

El significativo aumento propuesto para el impuesto a las ganancias ocasionales, junto con el endurecimiento de las condiciones para su aplicación, fue un elemento central y altamente impopular de la reforma. La medida generó incertidumbre y amenazó con incrementar la carga tributaria sobre transacciones personales y de inversión, contribuyendo a su eventual fracaso.

Los impuestos al consumo propuestos en la reforma fueron percibidos como regresivos y políticamente tóxicos. La oposición logró enmarcar el proyecto como un ataque a los gastos diarios de los colombianos y una amenaza a las finanzas regionales, lo que consolidó el bloque en su contra y precipitó su hundimiento.

El propuesto impuesto a las compras en línea de bajo valor se convirtió en un símbolo del supuesto impacto negativo de la reforma en los consumidores. La controversia obligó al Gobierno a modificar la medida, pero el daño político ya estaba hecho, y la propuesta contribuyó al fracaso general de la iniciativa.

A pesar de reducir su meta de recaudo y modificar puntos críticos como los impuestos a las compras en línea y la cerveza, los ajustes del Gobierno a la reforma tributaria fueron insuficientes para superar la consolidada oposición en el Congreso, demostrando que el consenso político necesario nunca se logró.

El avance de una "mini reforma tributaria" en la Cámara de Representantes funciona como una red de seguridad legislativa ante el colapso de la propuesta del Gobierno. Este "Plan B" refleja una búsqueda de consenso en el Congreso en torno a un recaudo fiscal más moderado y políticamente menos costoso.

El enfrentamiento fiscal entre la DIAN y Ecopetrol por un cobro multimillonario de IVA ha revelado una profunda discrepancia interpretativa de la norma tributaria. La disputa, ahora en manos de la justicia y con mediación de la Procuraduría, pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol y el abastecimiento energético del país.

La masiva citación de deudores por parte de la DIAN y la Fiscalía representa una contundente estrategia de fiscalización para recuperar recursos no consignados al Estado. La iniciativa subraya las severas consecuencias legales, incluyendo penas de cárcel, para quienes incumplen con sus obligaciones como agentes recaudadores de impuestos.

La propuesta de un nuevo régimen sancionatorio aduanero introduce una necesaria modernización tecnológica, pero enfrenta críticas por posibles vacíos que podrían afectar la seguridad jurídica y el debido proceso de las empresas. El debate legislativo será clave para encontrar un equilibrio entre el control fiscal y la facilitación del comercio.