
El caso contra Nicolás Petro ha trascendido lo judicial para convertirse en un campo de batalla político. Las denuncias de la fiscal a cargo sobre presiones internas, sumadas a las acusaciones del presidente Petro de una conspiración opositora, revelan una crisis de confianza en la independencia de la justicia y exponen la fragilidad de la separación de poderes en un caso de alto impacto nacional.