
La declaratoria de emergencia económica del gobierno Petro, justificada por una crisis fiscal tras el fracaso de su reforma tributaria, ha desatado un conflicto con el poder legislativo y un inminente pulso jurídico con la Corte Constitucional. La medida, que permitirá al Ejecutivo crear impuestos por decreto, es vista por la oposición como una usurpación de funciones, mientras el presidente la defiende como la única vía para evitar un colapso económico.










