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El Gobierno utilizó facultades extraordinarias para implementar un ambicioso paquete fiscal, similar al que fue rechazado por el Congreso, con el objetivo de asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. Esta acción, aunque justificada por el Ejecutivo como una necesidad ineludible, abre un nuevo capítulo de confrontación política y de incertidumbre jurídica sobre la validez de los nuevos impuestos.

El significativo aumento del IVA sobre la mayoría de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar busca impulsar los ingresos nacionales, pero genera serias dudas sobre su impacto en los precios al consumidor, las finanzas departamentales y el potencial crecimiento del contrabando, lo que podría contrarrestar los beneficios fiscales esperados.

La reforma al impuesto al patrimonio amplía significativamente su base de contribuyentes y eleva sus tarifas, materializando la política gubernamental de buscar una mayor contribución de las personas de más altos ingresos para solventar las necesidades fiscales del país.

Al reducir el límite exento de IVA para compras internacionales en línea, el Gobierno busca capturar mayores ingresos del creciente sector del comercio electrónico y proteger al comercio local.

No obstante, la medida encarecerá directamente las importaciones de bajo monto para los consumidores colombianos.

El gobierno implementó un aumento impositivo masivo sobre los cigarrillos, justificándolo como una medida de salud pública y recaudo.

Sin embargo, la industria y expertos advierten que la magnitud del alza podría ser contraproducente, incentivando el contrabando y afectando negativamente tanto al mercado legal como a los ingresos fiscales esperados.

El sector financiero deberá asumir una carga impositiva considerablemente mayor en 2026, una decisión que el Gobierno defiende por la alta rentabilidad del sector y con la que espera aumentar el recaudo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha advertido que vigilará de cerca para que este costo no sea transferido a los consumidores.

La decisión del Gobierno de insistir en la no deducibilidad de las regalías y crear un nuevo impuesto al sector extractivo genera una alta tensión jurídica y económica. La medida, clave para las metas de recaudo, enfrenta un futuro incierto que probablemente se definirá, una vez más, en los estrados de la Corte Constitucional.

La adopción del modelo GGR para calcular el IVA en las apuestas en línea es un ajuste técnico crucial que viabiliza la operación del sector. Sin embargo, la industria sigue preocupada por la elevada carga fiscal general, que podría limitar su competitividad frente al mercado ilegal.

Con la publicación del calendario tributario de 2026, los contribuyentes en Colombia ya disponen de una hoja de ruta clara para planificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a lo largo del año. La anticipación y la correcta programación serán fundamentales para evitar intereses de mora y sanciones.

El sustancial aumento del salario mínimo para 2026, aunque busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, representa un desafío considerable para la salud fiscal de Colombia. Según el principal organismo de vigilancia fiscal, la medida incrementará el gasto público y reducirá el recaudo de impuestos corporativos, lo que presionará aún más el déficit del Gobierno.