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La expedición de un paquete de impuestos por decreto marca un punto de inflexión en la política fiscal del Gobierno Petro, utilizando la emergencia económica como vehículo para implementar una reforma tributaria que no prosperó en el Congreso. La medida busca asegurar el recaudo de 11,1 billones de pesos, pero abre un pulso jurídico y político sobre su legitimidad y sus efectos económicos.

El incremento del IVA a licores al 19% busca fortalecer el recaudo nacional, pero enfrenta una fuerte resistencia de la industria y las gobernaciones. Los críticos advierten que la medida podría ser contraproducente, al incentivar el contrabando y reducir los ingresos departamentales destinados a la salud, generando un efecto opuesto al deseado.

La reforma al impuesto al patrimonio es una de las medidas fiscales más significativas del Gobierno, buscando mayor progresividad al reducir el umbral y aumentar las tarifas para las grandes fortunas.

Afectando a un pequeño porcentaje de contribuyentes, se espera un recaudo sustancial que, junto a la normalización tributaria, es clave en la estrategia para cubrir el déficit fiscal.

La reducción del umbral libre de IVA para compras internacionales de 200 a 50 dólares es un cambio significativo que encarecerá las importaciones de bajo monto para los consumidores. El Gobierno justifica la medida por la necesidad de aumentar el recaudo y proteger el comercio local, en un contexto de auge del comercio electrónico transfronterizo.

El Gobierno estableció un IVA del 19% para las apuestas en línea, pero calculándolo sobre los ingresos reales de los operadores (GGR) y no sobre los depósitos.

Aunque la industria valora este ajuste técnico como un paso hacia la viabilidad, advierte que la carga fiscal total sigue siendo una de las más elevadas del mundo, lo que plantea desafíos de competitividad frente al mercado ilegal.

El Gobierno decretó un aumento de aproximadamente el 300% en el impuesto al consumo de cigarrillos, lo que podría elevar el precio de una cajetilla a 20.000 pesos. Mientras el Ejecutivo lo defiende como una medida de salud pública y fiscal, la industria tabacalera alerta que el alza desproporcionada incentivará el contrabando, afectando el recaudo y fortaleciendo las economías ilegales.

Mediante decreto de emergencia, el Gobierno elevó la sobretasa de renta para el sector financiero en 10 puntos porcentuales, llevándola al 15%. La medida busca un recaudo adicional de 1,2 billones de pesos y se justifica en las altas utilidades del sector, al cual se le ha advertido que no traslade el nuevo costo a los usuarios.

El Gobierno ha decretado nuevamente la no deducibilidad de las regalías para el sector extractivo, una medida previamente tumbada por la Corte Constitucional, y ha añadido un impuesto temporal del 1% a la venta de petróleo y carbón. La decisión reabre un intenso debate sobre su viabilidad jurídica y su potencial impacto en la inversión y la seguridad jurídica del sector minero-energético.

El impuesto vehicular para 2026 se liquidará sobre nuevos avalúos y rangos tarifarios ajustados por inflación, lo que podría incrementar el monto a pagar para algunos propietarios. Las administraciones locales han definido sus calendarios, ofreciendo opciones como pago por cuotas y descuentos por pronto pago para facilitar el cumplimiento de la obligación.

Según el CARF, el aumento del salario mínimo del 23% para 2026 agravará el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos. Este impacto se debe a una previsible caída en el recaudo del impuesto de renta empresarial y a un mayor gasto público, especialmente en pensiones, lo que evidencia un conflicto entre los objetivos sociales y la disciplina fiscal.