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El Gobierno propone una reforma tributaria de $26,3 billones para cubrir un déficit presupuestal, enfrentando una fuerte oposición política y críticas por su impacto económico.

La alternativa a su no aprobación sería un recorte significativo en el gasto público nacional.

Para asegurar la aprobación de su reforma tributaria, el Gobierno ha señalado su disposición a reducir el recaudo esperado en $10 billones. Esta significativa concesión busca construir un consenso en el Congreso y evitar el fracaso total de la iniciativa fiscal.

El Gobierno retiró su propuesta de aumentar el IVA a la gasolina y al diésel, una concesión clave en la negociación de la reforma tributaria. Esta decisión se tomó debido a la fuerte oposición y a la preocupación por su impacto inflacionario en los productos de la canasta básica.

La reforma tributaria incluye una controvertida propuesta para gravar las actividades comerciales no relacionadas con el culto de las iglesias.

La medida ha generado un debate entre los objetivos fiscales del Gobierno y la defensa de los sectores religiosos, que alegan que estos ingresos son para financiar su obra social.

La reforma tributaria propone un aumento significativo de impuestos a las bebidas alcohólicas, lo que ha generado advertencias de la industria sobre un drástico incremento en los precios al consumidor, el riesgo de fomentar el contrabando y el licor adulterado, y un impacto negativo en la economía nocturna.

Un impuesto del 19% propuesto para boletas de eventos culturales y deportivos de más de $500.000 ha sido fuertemente criticado por la industria del entretenimiento. Advierten que esto aumentará los precios para los consumidores, limitará el acceso a la cultura y podría disminuir la cantidad de espectáculos en Colombia.

La propuesta de la reforma tributaria de elevar el IVA a los vehículos híbridos del 5% al 19% ha generado fuertes críticas. Sectores de la industria automotriz y analistas la consideran una medida contradictoria que desincentiva la transición energética y frena la modernización del parque automotor del país.

La reforma tributaria ha sido ampliamente criticada como regresiva, ya que se argumenta que su dependencia de impuestos indirectos sobre bienes de consumo masivo como los combustibles afectará desproporcionadamente a las clases media y baja, contradiciendo la afirmación del Gobierno de que solo apunta a los más ricos.

La reforma tributaria introduce nuevas sobretasas al carbón y al petróleo, lo que ha generado una fuerte reacción de los gremios del sector.

Advierten que las medidas son punitivas, amenazan la viabilidad de las empresas, desincentivan la inversión y ponen en riesgo el empleo en las regiones productoras.

Una propuesta legislativa en Cali busca otorgar hasta 10 años de alivios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) a las mipymes. La medida, condicionada a la creación de empleo formal, tiene como objetivo frenar el cierre de empresas y estimular la economía local.