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La ley de financiamiento es la pieza central de la estrategia fiscal del Gobierno para 2026, buscando cerrar una brecha presupuestaria significativa mediante nuevos recaudos, aunque enfrenta un fuerte escepticismo político y técnico sobre su viabilidad y oportunidad.

La flexibilidad del Gobierno para reducir su meta de recaudo en $10 billones evidencia la difícil batalla política que enfrenta la reforma tributaria. El resultado final dependerá de la capacidad de concertación para definir un presupuesto y una ley de financiamiento que cuenten con el respaldo mayoritario del Congreso.

El fuerte énfasis de la reforma en impuestos indirectos es su aspecto más criticado, ya que se percibe como una medida regresiva que podría generar presiones inflacionarias y afectar desproporcionadamente a los hogares de ingresos medios y bajos, así como a sectores clave para las economías regionales.

Los ajustes en renta y patrimonio buscan que quienes tienen mayores ingresos y patrimonios contribuyan más, pero generan preocupación por presionar a una base de contribuyentes ya formalizada, sin atacar de manera estructural el problema de la evasión fiscal.

El debate sobre la tributación de las iglesias pone de manifiesto una tensión fundamental entre la libertad de culto, el rol social de las organizaciones religiosas y los principios de equidad tributaria y laicidad del Estado.

La industria del carbón y petróleo percibe las nuevas propuestas fiscales no como una herramienta para la transición energética, sino como un castigo fiscal que podría afectar gravemente la competitividad del sector, la inversión extranjera y las finanzas de las regiones dependientes de la minería.

Existe un amplio consenso en el sector empresarial y comercial en que el enfoque del Gobierno es equivocado. La principal demanda es priorizar la austeridad y la eficiencia en el gasto público antes de imponer una nueva carga tributaria que, según advierten, perjudicará la economía del país.

El consenso entre expertos es que la reforma es un parche a corto plazo que ignora problemas estructurales como el gasto público desbordado y la masiva evasión fiscal.

Advierten que, sin abordar estas causas de fondo, cualquier aumento de impuestos será insuficiente y podría tener consecuencias económicas negativas.

La posible expedición del presupuesto por decreto es un reflejo de la alta polarización y las dificultades de gobernabilidad. Aunque es una herramienta legal, su uso crearía una gran incertidumbre sobre la gestión fiscal del país, obligando a recortes de gasto que podrían afectar la inversión y el bienestar de los ciudadanos.

La promoción activa de incentivos fiscales para energías limpias representa una faceta clave de la política fiscal del Gobierno, buscando alinear los objetivos de recaudo con la meta de una transición energética, aunque esta política contrasta con otras medidas de la reforma tributaria, como el aumento de impuestos a los vehículos híbridos.