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La reforma tributaria es presentada por el Gobierno como una medida ineludible para financiar el presupuesto de 2026 y garantizar la estabilidad fiscal. Sin embargo, enfrenta fuertes críticas de analistas y sectores políticos que argumentan que el problema de fondo es el gasto público excesivo y exigen medidas de austeridad antes de imponer nuevos tributos.

Un amplio frente de asociaciones empresariales y tanques de pensamiento, incluyendo ANIF y la ANDI, se opone a la reforma tributaria. Argumentan que el Gobierno debe enfocarse en reducir el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa en vez de aumentar una carga tributaria que podría generar inflación y afectar la competitividad del país.

Para asegurar la aprobación de su agenda fiscal, el Gobierno está negociando con el Congreso una reducción significativa de $10 billones en la meta de recaudo de la reforma tributaria.

Este ajuste implicaría eliminar medidas impopulares, como el IVA a los combustibles, en un esfuerzo por construir el consenso político necesario.

La reforma tributaria busca aumentar el recaudo de personas naturales elevando las tarifas de renta para ingresos altos y ampliando la base del impuesto al patrimonio. Si bien el Gobierno defiende estas medidas por razones de equidad, críticos como el exdirector de la DIAN advierten que se sobrecarga a los contribuyentes cumplidos y se desincentiva la inversión.

La reforma tributaria incluye controvertidos impuestos indirectos, como un IVA a los combustibles y mayores gravámenes a licores y eventos culturales.

Gremios y analistas critican estas medidas por su potencial impacto inflacionario y regresivo, advirtiendo que podrían encarecer la canasta familiar, fomentar el contrabando y limitar el acceso a la cultura.

El programa de incentivos fiscales para la transición energética está ganando impulso en Colombia, con más de 13.400 solicitudes recibidas por la UPME. Beneficios como deducciones de renta y exclusión de IVA están fomentando la inversión en energías limpias y la adopción de vehículos eléctricos, tanto a nivel corporativo como personal.

La reforma tributaria revive la polémica sobre gravar las actividades comerciales de las iglesias.

Mientras el Gobierno y algunos analistas lo consideran una medida de equidad fiscal, los líderes religiosos se oponen, argumentando que dichos ingresos se reinvierten en su misión social y no constituyen un ánimo de lucro.

Municipios como Florencia y Rionegro están implementando actualizaciones catastrales, algunas tras más de una década de rezago, para garantizar la equidad en el cobro del impuesto predial.

Esta medida busca que todas las propiedades contribuyan de manera justa y así fortalecer las finanzas locales para la inversión pública.

El cumplimiento de la declaración de renta para personas naturales continúa según el calendario de la DIAN, con vencimientos específicos basados en el NIT. Los contribuyentes deben revisar los topes de ingresos y patrimonio para evitar sanciones por extemporaneidad o errores en la declaración, como la incorrecta valoración de activos.

La reforma tributaria genera preocupación entre analistas por su potencial impacto negativo en la economía. Se advierte que el aumento de la carga fiscal sobre la renta, el patrimonio y los dividendos, junto con la eliminación de beneficios sectoriales, podría desincentivar el ahorro y la inversión, afectando la competitividad y el crecimiento a largo plazo.