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La reforma tributaria es una pieza central para la estabilidad fiscal del Gobierno, pero se enfrenta a una considerable resistencia política y sectorial.

Su aprobación es incierta debido al poco respaldo en el Congreso y al ajustado calendario legislativo, lo que pone en riesgo la financiación del presupuesto de 2026.

El conflicto entre la DIAN y Reficar evidencia una profunda controversia jurídica y fiscal con potenciales repercusiones económicas a nivel nacional.

Aunque se ha descartado un embargo inmediato, la disputa por el cobro multimillonario del IVA sigue sin resolverse, manteniendo un clima de incertidumbre legal y financiera para un actor clave del sector energético colombiano.

La ANDI lidera una férrea oposición del sector empresarial a la reforma tributaria, advirtiendo sobre un impacto económico negativo y proponiendo un enfoque alternativo centrado en la competitividad y la austeridad en el gasto.

Esta postura representa un obstáculo político y técnico de gran envergadura para las aspiraciones fiscales del Gobierno.

La DIAN ha transformado su modelo de fiscalización hacia un sistema de vigilancia digital constante y en tiempo real. Esta nueva capacidad obliga a las empresas a mantener una coherencia de datos impecable para evitar sanciones inmediatas y severas, haciendo de la prevención y el control interno herramientas indispensables en la gestión tributaria actual.

Los programas de descuentos tributarios se han consolidado como una herramienta fiscal clave para las administraciones locales en Colombia. A través de estos alivios, los gobiernos departamentales y municipales buscan simultáneamente mejorar sus finanzas, reducir las carteras morosas y ofrecer a los contribuyentes una oportunidad para regularizar su situación fiscal.

El nuevo proyecto de ley para el régimen aduanero busca crear un sistema más claro, simplificado y garantista, en línea con los estándares internacionales y el mandato de la Corte Constitucional. Su aprobación es urgente para dotar al país de seguridad jurídica en el comercio exterior y fortalecer la lucha contra el contrabando.

El impuesto a las bebidas alcohólicas se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria, enfrentando la agenda de salud pública del Gobierno con las advertencias de la industria sobre el impacto económico y el riesgo de ilegalidad. La exclusión de la cerveza muestra la complejidad de la negociación, pero la incertidumbre persiste para el resto del sector.

A pesar de haber superado el paso inicial de nombrar ponentes, la reforma tributaria enfrenta una carrera contrarreloj en un Congreso dividido.

El éxito del Gobierno dependerá de su habilidad para negociar y lograr acuerdos rápidamente, ya que el adverso clima político y el escaso tiempo legislativo son los mayores obstáculos para su aprobación.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá ha lanzado una ofensiva de cobro para recuperar más de $104 mil millones en deudas del ICA. Esta campaña combina la persuasión con la advertencia de acciones coactivas, como embargos, con el fin de fortalecer el presupuesto de inversión de la ciudad y reducir los niveles de morosidad.

La reforma tributaria no es una iniciativa fiscal aislada, sino el pilar que sostiene el Presupuesto Nacional de 2026. El éxito o fracaso de su trámite en el Congreso determinará directamente la capacidad del Estado para ejecutar sus planes de gasto e inversión, convirtiendo este debate legislativo en un momento decisivo para las finanzas del país.