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La nueva reforma tributaria es una pieza clave y urgente para la estabilidad fiscal del país, buscando recaudar $16,3 billones para el presupuesto de 2026. Su trámite en el Congreso será un escenario de alta tensión política, del cual depende la viabilidad de importantes programas gubernamentales.

El nuevo proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero busca modernizar y simplificar la normativa para combatir el contrabando y dar seguridad jurídica, reduciendo drásticamente el número de infracciones y alineándose con un fallo de la Corte Constitucional.

La campaña de declaración de renta 2024 finalizó con un recaudo significativo de $23,6 billones y un aumento de declarantes primerizos, destacando la robustez de la plataforma tecnológica de la DIAN y la efectividad de sus herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario.

El proyecto para cambiar el IVA por un impuesto al consumo del 8% ha abierto un debate crucial sobre el futuro del sistema tributario, contraponiendo los beneficios de la simplificación y el apoyo a las pymes con las advertencias del Gobierno sobre riesgos de distorsiones económicas y sostenibilidad fiscal.

La designación del cuarto director de la DIAN en menos de tres años evidencia una crisis institucional impulsada por el incumplimiento de metas de recaudo. Esta inestabilidad refleja una tensión entre las presiones políticas y la gestión técnica de la política fiscal del país.

El incumplimiento de las metas de recaudo, a pesar del crecimiento interanual, ha creado una brecha fiscal significativa. Esta situación pone en evidencia una sobreestimación de ingresos por parte del Gobierno, generando presión sobre la DIAN y subrayando la necesidad de nuevas medidas fiscales.

Varios municipios colombianos están utilizando amnistías tributarias, con descuentos de hasta el 90% en intereses y sanciones, como una estrategia dual para facilitar el pago a los contribuyentes morosos y aumentar los ingresos fiscales necesarios para la inversión local.

La administración tributaria de Bogotá está haciendo cumplir los plazos para el reporte de información exógena, un deber formal clave para los contribuyentes de la ciudad. A través de plataformas digitales y jornadas de capacitación, busca facilitar el cumplimiento y advierte sobre las sanciones por no reportar a tiempo.