
Ante el fracaso de su reforma fiscal en el Congreso, el Gobierno implementó por decreto un paquete de impuestos de emergencia para recaudar $11,1 billones. Las medidas se centran en altos patrimonios, el sector financiero y consumos específicos, generando un debate sobre su legalidad e impacto económico que será dirimido por la Corte Constitucional.





