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La reforma tributaria ajustada a $16,3 billones representa una prueba crucial para el Gobierno, que busca asegurar la financiación del presupuesto de 2026. No obstante, su trámite está en riesgo debido a la fuerte oposición política, el escepticismo sobre sus efectos económicos y el difícil momento electoral, lo que deja en el aire la estabilidad fiscal del país para los próximos años.

La operación conjunta de la DIAN y la Fiscalía contra más de 22.000 deudores por una cartera de $1,2 billones marca una intensificación en la lucha contra la evasión. La iniciativa ofrece una última oportunidad para el pago antes de enfrentar graves consecuencias penales, incluyendo penas de cárcel, lo que subraya la determinación del Estado por recuperar los recursos retenidos ilegalmente.

El enfrentamiento entre Ecopetrol y la DIAN por el IVA a los combustibles importados representa una amenaza financiera de gran magnitud para la petrolera y el patrimonio público. La intervención de la Procuraduría busca una solución a un pleito que ya se encuentra en instancias legales y que evidencia una profunda discrepancia interpretativa con consecuencias económicas y operativas potencialmente graves para el país.

La estrategia de la DIAN de aumentar las retenciones y retrasar las devoluciones ha creado una crisis de liquidez para las empresas colombianas, que se ven forzadas a financiar al Estado sin intereses. Esta práctica no solo distorsiona las cifras de recaudo del gobierno, sino que también deteriora la confianza de los contribuyentes y pone en riesgo la inversión y el empleo en el país.

El déficit en el recaudo de impuestos ha puesto en evidencia una profunda crisis fiscal en Colombia. El incumplimiento de las metas ha obligado al Gobierno a impulsar una nueva reforma tributaria, pero la falta de un ajuste en el gasto público y la dependencia de proyecciones optimistas generan serias dudas sobre la capacidad del Estado para estabilizar sus finanzas a largo plazo.

La meta de recaudar $4,1 billones a través de impuestos al alcohol y al tabaco es una pieza clave de la reforma tributaria del Gobierno.

No obstante, la propuesta enfrenta una fuerte oposición debido a su posible impacto negativo en las finanzas departamentales, lo que anticipa una compleja negociación política en el Congreso para su aprobación.

La exclusión de los impuestos a los combustibles y a la cerveza de la reforma tributaria es una concesión política clave del Gobierno para intentar salvar la iniciativa. Si bien la medida alivia la presión sobre los consumidores, también reduce el potencial de recaudo del proyecto, obligando a reconfigurar la estructura de la reforma y manteniendo la incertidumbre sobre la suficiencia de los ingresos fiscales futuros.

El avance de una “mini reforma” y un plan de reactivación económica en el Congreso evidencia la falta de consenso en torno a la reforma tributaria del Gobierno. Estas iniciativas alternativas se perfilan como posibles salidas a la necesidad de recaudo, mostrando que el Legislativo está explorando sus propias soluciones a la crisis fiscal, lo que podría fragmentar aún más el debate tributario.

La DIAN ha puesto en marcha un plan de reestructuración interna denominado “Transformación DIAN 2026”, con el que busca crear y modificar cargos clave para fortalecer la fiscalización, combatir la evasión y modernizar sus servicios. Esta iniciativa estratégica pretende preparar a la entidad para los desafíos fiscales y tecnológicos futuros, en un momento crítico para las finanzas del país.

Con una meta de recaudo de $1,6 billones, el impuesto del 19% a los juegos de azar en línea se ha consolidado como uno de los pilares de la reforma tributaria. Esta medida busca capturar ingresos de un sector digital en crecimiento y es considerada una de las propuestas con mayor viabilidad política dentro de un proyecto fiscal que enfrenta un panorama complejo.