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La reforma tributaria está virtualmente hundida debido a una sólida mayoría opositora en el Congreso que la considera lesiva para la economía de los hogares colombianos.

Los intentos del Gobierno por negociar y ajustar el proyecto han resultado insuficientes para asegurar su supervivencia legislativa.

La reforma tributaria propone un significativo endurecimiento fiscal sobre las ganancias ocasionales, duplicando la tarifa general al 30% e incrementando la de premios al 33%.

Estos cambios, junto con requisitos más estrictos, generarían una mayor carga tributaria para herederos, vendedores de activos y ganadores de juegos de azar.

La justicia suspendió temporalmente el cobro de más de 11 billones de pesos que la DIAN exige a Reficar por IVA, brindando un respiro a la petrolera. Sin embargo, la disputa de fondo continúa, con graves implicaciones para las finanzas de Ecopetrol y el abastecimiento de combustibles en la región Caribe.

En una ofensiva contra la evasión, la DIAN y la Fiscalía convocaron a más de 22.000 deudores que adeudan 1,2 billones de pesos en impuestos recaudados y no consignados. Los contribuyentes tienen la oportunidad de pagar para evitar penas de cárcel y otras sanciones severas.

El Gobierno intentó salvar su reforma tributaria reduciendo la meta de recaudo y suavizando impuestos clave como el de la cerveza y las compras en línea. No obstante, estas modificaciones no fueron suficientes para superar la férrea oposición en el Congreso, que mantuvo su intención de archivar el proyecto.

La oposición a la reforma argumenta que las sobretasas propuestas para los sectores financiero y extractivo son excesivas, pudiendo llevar la carga fiscal total por encima del 70%. Advierten que esto afectaría gravemente la inversión, la competitividad y encarecería el crédito en el país.

Los opositores a la reforma sostienen que los nuevos impuestos a combustibles, licores y cigarrillos tendrían un efecto regresivo, aumentando el costo de vida para los ciudadanos y debilitando las finanzas departamentales al incentivar el contrabando y reducir el recaudo oficial.

Ante el inminente fracaso de la reforma tributaria principal, un proyecto alternativo con una meta de recaudo menor avanza en la Cámara.

Esta iniciativa, vista como un "Plan B", podría ofrecer una solución fiscal parcial si la propuesta del Gobierno es finalmente archivada.

La viabilidad de la reforma tributaria se ve comprometida no solo por la falta de apoyo político, sino también por errores de trámite y un plazo legislativo de apenas 11 días. Este cronograma ajustado, sumado a la oposición mayoritaria, hace improbable su aprobación antes del fin de la legislatura.

El nuevo proyecto de estatuto aduanero busca modernizar el control fiscal con tecnología, pero genera alertas en el sector privado.

Advierten que podría aumentar la discrecionalidad de la DIAN y la inseguridad jurídica para las empresas si no se equilibran las nuevas facultades con mayores garantías de defensa.