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La reforma tributaria está virtualmente hundida debido a una abrumadora oposición en el Congreso, formalizada a través de dos ponencias de archivo con respaldo mayoritario en las comisiones económicas. Este bloqueo político deja en vilo la financiación del presupuesto de 2026 y obliga al Gobierno a considerar recortes de gastos o nuevas fuentes de ingreso.

Para evitar el hundimiento de su reforma tributaria, el Gobierno cedió a la presión política reduciendo la meta de recaudo de $26 a $16,3 billones y eliminando o moderando impuestos impopulares como el IVA a los combustibles y el gravamen a la cerveza. A pesar de los cambios, la iniciativa aún enfrenta un futuro incierto en el Congreso.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta un déficit de recaudo de $8,3 billones para 2025, lo que agrava la crisis fiscal del país. Esta situación intensifica la urgencia del debate sobre la reforma tributaria y pone de manifiesto las dificultades del Gobierno para financiar el gasto público en un contexto de alto pago de intereses de deuda.

La propuesta de reforma tributaria busca aumentar drásticamente el impuesto a las ganancias ocasionales al 30% y el de premios de azar al 33%, además de endurecer los requisitos para su aplicación. Este significativo incremento impositivo sobre herencias, venta de activos y loterías es uno de los factores clave que alimenta la fuerte oposición al proyecto.

Un fallo judicial ha frenado temporalmente un embargo de $1,3 billones de la DIAN contra Reficar, en medio de una disputa por el cobro retroactivo del IVA a combustibles. La decisión protege a la refinería de una acción que, según advierte, podría paralizar sus operaciones y afectar el abastecimiento energético nacional, mientras la justicia administrativa resuelve el fondo del conflicto.

La DIAN y la Fiscalía han lanzado una masiva citación a más de 22.000 deudores que retuvieron y no pagaron $1,2 billones en impuestos. Esta medida busca recuperar los fondos públicos y advierte a los morosos que el no pago resultará en procesos penales que acarrean severas penas de cárcel y multas.

La reforma tributaria amenaza con imponer cargas fiscales consideradas confiscatorias a los sectores financiero y minero-energético, superando el 70% de tributación combinada, lo que podría frenar la inversión. A su vez, el drástico aumento al impuesto sobre licores genera alertas por el posible fomento del contrabando y la desfinanciación de los departamentos.

Frente al probable fracaso de la reforma tributaria del Gobierno, el Congreso tramita un 'Plan B': un proyecto de ley de menor escala que busca recaudar entre 6 y 7 billones de pesos.

Esta iniciativa alternativa, ya aprobada en primer debate, se perfila como una solución de emergencia para asegurar ingresos fiscales adicionales.

Ante un riesgo estimado de $22 billones para el patrimonio público, la Procuraduría ha intervenido en la disputa fiscal entre Ecopetrol y la DIAN por el IVA a combustibles. El organismo busca mediar a través de una mesa técnica para evitar un impacto financiero devastador en la petrolera estatal y encontrar una solución al conflicto.

Un nuevo proyecto de ley busca modernizar el régimen sancionatorio aduanero con tecnología, pero ha generado críticas por aumentar el poder de la DIAN sin ofrecer suficientes garantías de defensa a los operadores de comercio.

Expertos advierten que esto podría crear inseguridad jurídica y castigar desproporcionadamente errores formales, afectando la competitividad.