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La modernización tecnológica de la DIAN permite la imposición de sanciones tributarias casi instantáneas por errores en la facturación electrónica, lo que obliga a las empresas, especialmente a las pymes, a adoptar un enfoque preventivo y estratégico en su gestión fiscal para garantizar su continuidad operativa.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado en primer debate por $547 billones, $10 billones menos de lo solicitado por el Gobierno. Este acuerdo político no solo aseguró el trámite legislativo del presupuesto, sino que también forzó una reducción en la ambición de la reforma tributaria asociada.

Como resultado directo de la reducción del presupuesto para 2026, el presidente Petro confirmó el retiro de los polémicos aumentos de impuestos a la gasolina y la cerveza, una medida que busca mitigar el impacto fiscal sobre los consumidores y el sector productivo.

Diversos líderes gremiales y analistas económicos critican duramente la propuesta de reforma tributaria, argumentando que el aumento de la carga impositiva sobre las empresas desestimulará la inversión, reducirá la competitividad del país y, en última instancia, será perjudicial para el crecimiento económico y el recaudo fiscal.

En octubre vencen los últimos plazos para la declaración de renta 2025. La DIAN hace un llamado a los contribuyentes para que presenten su declaración a tiempo y eviten errores comunes como la omisión de ingresos o deducciones indebidas, los cuales acarrean sanciones económicas significativas.

La factura electrónica es hoy un elemento central del sistema tributario colombiano, que dota a la DIAN de una poderosa herramienta de control en tiempo real y, a la vez, se constituye como un requisito indispensable para que los contribuyentes puedan acceder a beneficios fiscales en su declaración de renta.

Con el fin de incentivar la movilidad sostenible, la DIAN ofrece a las personas naturales una deducción en el impuesto de renta y la exclusión del IVA por la compra de vehículos híbridos o eléctricos de uso personal, siempre y cuando cuenten con la certificación de la UPME.

La propuesta de elevar el impuesto de renta al sector financiero al 50% ha desatado una fuerte controversia. Mientras el Gobierno la justifica por la necesidad de recaudo y las altas utilidades del sector, los gremios la tildan de confiscatoria y advierten sobre graves consecuencias para la inversión y la economía.

Con el objetivo de financiar el gasto social y estabilizar las finanzas, el Gobierno propuso una reforma tributaria para recaudar $26,3 billones.

Sin embargo, su ambición y el impacto sobre empresas y la clase media han generado una fuerte controversia y debate sobre su viabilidad económica.

La existencia de tres ponencias distintas para el presupuesto de 2026 —una oficialista, una de oposición y una alternativa— expuso la división política en el Congreso. Esta fragmentación forzó al Gobierno a negociar y aceptar un recorte de $10 billones para lograr la aprobación del proyecto en su primer debate.