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La reforma tributaria está prácticamente derrotada debido a una amplia oposición política en el Congreso, formalizada a través de ponencias de archivo con apoyo mayoritario en comisiones clave.

Los argumentos en contra se centran en su impacto económico negativo sobre ciudadanos y empresas, lo que hace improbable su aprobación.

En un esfuerzo por asegurar la aprobación legislativa, el Gobierno ajustó su reforma tributaria bajando la meta de recaudo y suavizando impuestos controvertidos sobre productos como la cerveza y las compras en línea. No obstante, estas modificaciones no lograron superar la resistencia política generalizada, que culminó con la radicación de ponencias para archivar el proyecto.

La reforma tributaria incluía una propuesta para duplicar el impuesto a las ganancias ocasionales al 30 % y elevar la tasa sobre premios de azar al 33 %. Esta medida, junto con requisitos más estrictos para la venta de activos, generó una notable preocupación por su impacto directo en el patrimonio personal, contribuyendo al rechazo generalizado del proyecto de ley.

El CARF advierte sobre un significativo déficit de $8,3 billones en la meta de recaudo de la DIAN para 2025, basado en el desempeño hasta septiembre. Esta brecha fiscal, combinada con un aumento del gasto público y un alto costo del servicio de la deuda, evidencia las presiones estructurales sobre las finanzas del Gobierno.

La DIAN y la Fiscalía han lanzado una operación conjunta contra más de 22.000 deudores que retuvieron $1,2 billones en impuestos sin entregarlos al Estado.

Esta iniciativa ofrece una última oportunidad para que los morosos paguen sus deudas y eviten procesos penales que conllevan severas sanciones, incluyendo penas de prisión de hasta nueve años.

Un conflicto legal por un cobro de IVA de $1,3 billones ha estallado entre la DIAN y Reficar. Un tribunal ha suspendido temporalmente las acciones de cobro de la DIAN para evitar la parálisis operativa de la refinería, mientras la Procuraduría interviene para mediar en una disputa con graves implicaciones para el suministro energético nacional y las finanzas públicas.

Con la reforma tributaria del Gobierno al borde del fracaso, una iniciativa legislativa alternativa gana terreno en el Congreso.

Este "Plan B" propone un recaudo más modesto, de alrededor de 7 billones de pesos, a través de ajustes fiscales específicos, y se presenta como una posible solución de respaldo para atender las necesidades fiscales del país.

La propuesta de reforma al régimen aduanero (Ley 312 de 2025) busca modernizar el sistema con tecnología, pero ha generado críticas por crear posible inseguridad jurídica.

Gremios y expertos alertan que, si bien introduce avances como la IA, también otorga un poder discrecional excesivo a la DIAN sin las debidas garantías legales para los operadores comerciales.

Los aumentos de impuestos a licores y tabaco propuestos en la reforma tributaria representan una amenaza para las finanzas departamentales, que dependen de estos ingresos para servicios esenciales. Las autoridades regionales y legisladores advierten que la medida podría ser contraproducente, provocando una caída en las ventas legales, un aumento del contrabando y una pérdida neta de financiación para salud y educación.

Las finanzas públicas de Santander están bajo una fuerte presión debido a una deuda masiva de $720.000 millones en impuestos vehiculares no pagados.

Esta morosidad, atribuida en parte a problemas administrativos y registros desactualizados, pone en peligro servicios públicos esenciales y ha motivado a la gobernación a lanzar campañas urgentes de recaudo.