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La reforma tributaria está a punto de ser archivada en el Congreso debido a ponencias negativas que cuentan con mayorías decisivas en ambas cámaras. La oposición, que agrupa a diversos partidos, argumenta que la medida afectaría gravemente la economía de los hogares y las empresas, lo que dejaría al Gobierno sin los recursos esperados y con un considerable hueco fiscal para 2026.

En un esfuerzo por salvar su reforma tributaria, el Gobierno ha cedido en puntos clave, eliminando impuestos a combustibles e iglesias y moderando otros gravámenes.

A pesar de reducir la meta de recaudo, las modificaciones no han logrado generar el consenso político necesario, y el proyecto sigue en alto riesgo de ser archivado.

Ante el previsible hundimiento de la reforma tributaria, el Congreso tramita un Plan de Reactivación Económica como alternativa. Este proyecto se enfoca en amnistías tributarias y alivios para deudores con el fin de recuperar cartera y generar un recaudo rápido, posicionándose como el plan de contingencia del Gobierno para mitigar el déficit fiscal.

Mediante una Feria Nacional de Servicios, la DIAN convocó a 43.000 deudores que adeudan $6,7 billones en impuestos. La iniciativa busca facilitar la normalización de las obligaciones tributarias y evitar la continuación de procesos coactivos, concentrando sus esfuerzos en las grandes capitales donde se acumula la mayor parte de la cartera.

La propuesta de reforma tributaria incluye un drástico aumento del impuesto a las ganancias ocasionales, que pasaría del 15% al 30%, y para premios de azar, del 20% al 33%. Este incremento, junto con el endurecimiento de las condiciones para su aplicación, ha generado un fuerte rechazo en el Congreso y es uno de los factores que amenaza la viabilidad del proyecto.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta que el recaudo tributario de la DIAN en 2025 quedará $8,3 billones por debajo de la meta. Esta advertencia agudiza la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del país y se ha convertido en un argumento clave para quienes se oponen a la nueva reforma tributaria en el Congreso.

La reforma tributaria busca establecer un impuesto permanente a la exportación de petróleo y carbón e incrementar el impuesto al carbono, generando preocupación en el sector.

Como contraparte, ofrece importantes incentivos fiscales para las inversiones en energías renovables, como exenciones de IVA y bonos de transición, para fomentar la transición energética.

La justicia ordenó a la DIAN suspender de manera cautelar un cobro de $1,3 billones a Reficar por IVA en importación de combustibles. La decisión se tomó tras una tutela de la refinería que alertó sobre un riesgo de parálisis operativa y desabastecimiento energético si se ejecutaba el embargo, mientras se define la legalidad del cobro.

La DIAN y la Fiscalía iniciaron una jornada de citación masiva a más de 22.000 contribuyentes que recaudaron $1,2 billones en impuestos y no los consignaron. Las autoridades les ofrecen una última oportunidad para pagar y evitar penas de prisión de hasta 108 meses, como lo estipula el Código Penal.

La ponencia de la reforma tributaria excluyó el impuesto al consumo que se pretendía aplicar a boletas de conciertos y eventos deportivos con valor superior a 10 UVT. La decisión responde a la preocupación por el impacto negativo que tendría en la industria del entretenimiento y el turismo, y forma parte de las concesiones del Gobierno para facilitar la aprobación del proyecto.