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La reforma tributaria del Gobierno Petro se encuentra en una fase decisiva y compleja en el Congreso, donde su aprobación es incierta debido a la fuerte oposición y la falta de consensos. El proyecto es clave para la financiación del presupuesto de 2026, pero su trámite está condicionado por las divisiones políticas y los constantes obstáculos de procedimiento.

La reforma tributaria enfrenta un hundimiento casi seguro en el Congreso, tras la consolidación de una mayoría en la Comisión Tercera del Senado que apoya su archivo. La oposición multisectorial, que considera el proyecto lesivo para la economía y los ciudadanos, ha dejado al Gobierno sin el capital político necesario para sacar adelante su principal iniciativa fiscal.

En un intento por evitar el fracaso de su reforma tributaria, el Gobierno ha optado por una estrategia de flexibilización, eliminando impuestos impopulares como los aplicados a combustibles, iglesias y eventos culturales. Aunque estos ajustes buscan viabilizar políticamente el proyecto, también reducen drásticamente su potencial de recaudo y evidencian la fuerte presión que enfrenta el Ejecutivo en el Congreso.

Ante el inminente hundimiento de la reforma tributaria oficial, el Plan de Reactivación Económica emerge como una alternativa pragmática en el Congreso. Este proyecto se enfoca en alivios para deudores y normalización de activos para generar un recaudo a corto plazo, convirtiéndose en una posible salida para el Gobierno si su propuesta principal fracasa.

La propuesta de incrementar el impuesto a las ganancias ocasionales al 30% y el de premios de azar al 33% es uno de los elementos más polémicos de la reforma tributaria. De aprobarse, esta medida representaría una carga fiscal significativamente mayor para herencias, venta de propiedades y premios, aunque su futuro depende de la supervivencia del proyecto de ley en el Congreso.

La DIAN ha desplegado una robusta estrategia de fiscalización para cerrar el año, combinando visitas masivas a comercios para verificar la facturación electrónica y jornadas de cobro para recuperar una cartera morosa de $6,7 billones. Estas acciones reflejan la urgencia de la entidad por combatir la evasión y cumplir con las metas de recaudo del Gobierno.

El recaudo de impuestos en Colombia muestra un crecimiento positivo pero insuficiente para alcanzar las metas fiscales del Gobierno para 2025. Organismos como el CARF alertan sobre un déficit significativo de $8,3 billones, lo que pone en duda las proyecciones oficiales y aumenta la presión sobre las finanzas públicas del país.

La justicia intervino en la millonaria disputa entre la DIAN y Reficar, suspendiendo temporalmente el cobro de $1,3 billones en IVA. La decisión protege a la refinería de un embargo que podría comprometer el abastecimiento energético del país, mientras los tribunales administrativos resuelven la legalidad del impuesto.

La reforma tributaria apunta a incrementar sustancialmente la carga fiscal sobre el sector de hidrocarburos y minería con impuestos permanentes y sobretasas, buscando un mayor recaudo. Aunque también ofrece incentivos para las energías renovables, la propuesta ha generado alarma en el sector por el riesgo de desincentivar la inversión y afectar la competitividad.

La suspensión del debate de la reforma tributaria por falta de quórum refleja los serios desafíos de procedimiento y políticos que enfrenta el proyecto en el Congreso. Estos aplazamientos no solo retrasan el trámite, sino que también exponen la dificultad del Gobierno para mantener unida a su coalición y asegurar los votos necesarios para una de sus iniciativas más importantes.