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El incumplimiento de la meta de recaudo de la DIAN, atribuido a factores como las altas tasas de interés y la tasa de cambio, genera un hueco fiscal de $11 billones que intensifica la dependencia del Gobierno en la aprobación de la reforma tributaria para mantener la sostenibilidad fiscal.

El futuro de la reforma tributaria es incierto debido a un ambiente político adverso en el Congreso, caracterizado por la falta de consensos, maniobras dilatorias y un cronograma ajustado. La supervivencia del proyecto depende de la capacidad del Gobierno para superar la fragmentación política en un tiempo récord.

El Ejecutivo argumenta que la reforma tributaria es una herramienta indispensable para la estabilidad fiscal y la equidad social. La defensa se centra en su carácter progresivo, que busca una mayor contribución de los más ricos sin impactar a la mayoría de la población, como una solución al déficit estructural del país.

La articulación de un bloque mayoritario en el Congreso para archivar la reforma tributaria ha sellado prácticamente su destino. La radicación de ponencias negativas con amplio respaldo en comisiones clave evidencia una fuerte oposición a la iniciativa, dejándola sin viabilidad política para avanzar.

La estrategia del Gobierno de modificar la reforma tributaria, eliminando propuestas impopulares como los impuestos a combustibles e iglesias, es un intento pragmático por viabilizar el proyecto.

Sin embargo, las medidas restantes aún generan resistencia, y no está claro si los ajustes serán suficientes para cambiar el adverso panorama político.

La propuesta de elevar drásticamente el impuesto a las ganancias ocasionales es una de las medidas de recaudo más fuertes de la reforma. Este cambio impactaría directamente el patrimonio de los colombianos y la rentabilidad de las inversiones, convirtiéndose en un factor clave del rechazo generalizado a la iniciativa.

La inclusión de alivios para deudores en la reforma tributaria funciona como un mecanismo de doble propósito: aumentar el recaudo inmediato mediante la recuperación de cartera y ofrecer a los contribuyentes morosos una vía para sanear sus finanzas con el Estado, fomentando así el cumplimiento voluntario.

El aumento de los controles y sanciones por parte de la DIAN evidencia una política de cero tolerancia frente al incumplimiento de la facturación electrónica. Esta estrategia presiona a las empresas a adoptar tecnologías y procesos rigurosos para evitar multas y cierres, consolidando la digitalización como pilar de la fiscalización tributaria en Colombia.

El Plan de Reactivación Económica emerge como el 'Plan B' del Congreso frente al fracaso de la reforma tributaria. Su enfoque en la recuperación de deudas y la normalización de activos ofrece una vía alterna para obtener ingresos fiscales sin recurrir a nuevos impuestos generalizados, lo que le ha granjeado un mayor apoyo político.

La feria de servicios de la DIAN es una acción directa y masiva para recuperar una cartera morosa de $6,7 billones. Esta estrategia de cobro persuasivo complementa los esfuerzos legislativos por crear nuevas fuentes de ingreso, atacando el problema de la evasión y la morosidad para fortalecer las finanzas públicas.