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La nueva reforma tributaria del gobierno Petro, que busca un recaudo récord de $26,3 billones, es una pieza clave para financiar el presupuesto de 2026. Su presentación genera un fuerte debate en el Congreso sobre su viabilidad y magnitud, en un contexto de presión fiscal y escepticismo político sobre el aumento del gasto público.

La nueva reforma tributaria propone una diversificación de las fuentes de recaudo, apuntando a sectores como el digital, juegos en línea, y consumos específicos como licores y tabaco. Estas medidas buscan ampliar la base gravable, pero generan incertidumbre sobre el impacto en los costos para los consumidores y la competitividad de las industrias afectadas.

La propuesta de reimponer una sobretasa del 20% a la energía de varias industrias para financiar subsidios ha desatado un choque entre el Gobierno, que la defiende como una medida de equidad fiscal, y el sector productivo, que advierte sobre graves consecuencias en la competitividad, los costos de producción y la inflación.

La viabilidad del presupuesto de 2026 está intrínsecamente ligada al éxito de una ambiciosa reforma tributaria, una condición que genera alta incertidumbre y críticas por parte de expertos y congresistas. El debate se centra en la necesidad de un presupuesto más austero y basado en ingresos ciertos para garantizar la estabilidad fiscal del país.

Los movimientos acumulados en billeteras digitales como Nequi y Daviplata ahora cuentan para los topes de la declaración de renta, lo que obliga a un mayor número de personas a presentarla. La DIAN considera cada abono como una consignación, por lo que los usuarios deben monitorear sus transacciones para evitar sanciones por incumplimiento.

El incumplimiento de los plazos para la declaración de renta conlleva una sanción mínima de $498.000 en 2025, aplicable incluso si no hay impuesto a pagar. La penalidad aumenta con el tiempo de retraso y puede ser considerablemente mayor si no se presenta la declaración, destacando la necesidad de cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales.

La suspensión de la regla fiscal por tres años, justificada por el Gobierno como una medida necesaria para garantizar su funcionamiento, ha sido criticada por organismos técnicos y analistas. Advierten que la decisión carece de justificación técnica, no resuelve los problemas fiscales de fondo y podría deteriorar la confianza de los mercados, aumentando los costos de financiamiento para el país.

La propuesta de Felipe Córdoba de reducir drásticamente el IVA al 7% se sustenta en un plan de ahorro estatal masivo y una lucha frontal contra la evasión. Esta iniciativa, que busca impulsar el consumo, representa una visión económica opuesta a las políticas actuales y plantea un debate sobre el tamaño del Estado y la estructura tributaria del país.

La DIAN se embarca en una profunda modernización tecnológica con el reemplazo del sistema Muisca para 2028, con el objetivo de cerrar la brecha de evasión fiscal estimada en $72 billones. A través de un control más automatizado y un mayor escrutinio sobre la facturación electrónica, la entidad busca mejorar la eficiencia del recaudo y garantizar la coherencia de la información tributaria de las empresas.

La reforma tributaria de Bogotá presenta una doble cara: por un lado, busca aliviar la carga del impuesto predial para los estratos bajos, promoviendo la equidad. Por otro, propone un aumento del ICA que podría afectar gravemente la viabilidad económica del sector de bares y discotecas, generando un debate sobre el equilibrio entre recaudo y el fomento de la actividad económica.