
La controversia sobre el PAE en Tolima ha trascendido la gestión administrativa para convertirse en un enfrentamiento político de alto nivel. Mientras la Gobernación defiende su transparencia, las críticas apuntan a una presunta mala ejecución de los crecientes fondos nacionales, poniendo en riesgo la alimentación de miles de niños y evidenciando la urgente necesidad de claridad y soluciones efectivas por encima de las disputas políticas.