
El conflicto por la financiación del PAE en el Tolima evidencia una profunda fractura entre el gobierno departamental y el nacional, cuyas acusaciones cruzadas de corrupción y mala gestión amenazan el derecho a la alimentación de más de 77.000 niños. Mientras la Gobernación alega un déficit por insuficiencia de fondos nacionales, el Gobierno central señala una mala planificación y sobrecostos a nivel local. La solución urgente requiere que ambas partes prioricen el bienestar de los estudiantes y aseguren los recursos para garantizar la continuidad del programa hasta el final del calendario académico, evitando que la niñez sea la principal víctima de la disputa política y administrativa.