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La disputa por el Programa de Alimentación Escolar en el Tolima evidencia una profunda fractura entre la administración departamental y el Gobierno Nacional. Las acusaciones de corrupción y mala gestión por parte del presidente Petro son rebatidas con firmeza por la gobernadora Matiz, quien defiende la transparencia de su administración. En medio del conflicto político, la principal preocupación es la posible suspensión del servicio, que dejaría sin alimentación a miles de niños y niñas, convirtiendo un programa social vital en un campo de batalla político.