
La Fiscalía General solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, imputándoles concierto para delinquir, interés indebido en contratos y cohecho en el caso de corrupción de la UNGRD. La petición se basa en testimonios que los vinculan con el direccionamiento de contratos, marcando un punto crítico en la investigación que salpica a altos niveles del Gobierno Petro.










