
Con un 55 % de la fuerza laboral en la informalidad a nivel nacional y un alarmante 83,1 % en zonas rurales, Colombia enfrenta un reto estructural. Esta situación, que priva a millones de seguridad social y estabilidad, es impulsada por altos costos laborales que fomentan acuerdos por fuera de la ley, evidenciando una desconexión entre la normativa y la realidad económica del país.