
La reforma tributaria busca un recaudo histórico de $26,3 billones para cerrar la brecha fiscal, a través del aumento de impuestos al consumo, al patrimonio y a sectores específicos como el financiero y el energético. La propuesta enfrenta una fuerte oposición de gremios y un panorama político complejo, con advertencias sobre su potencial impacto inflacionario y su efecto en la competitividad y el poder adquisitivo de la clase media.