Noticias cortas: Derechos Humanos

El secuestro de 34 militares en Guaviare, tras un operativo exitoso contra las disidencias de 'Iván Mordisco', fue catalogado por el Gobierno como un secuestro extorsivo y no una retención comunitaria. Las autoridades acusan a alias 'Jimmy Parra' de instrumentalizar a la población civil para impedir la salida de las tropas, lo que ha motivado el despliegue de fuerzas especiales y un ultimátum para su liberación, mientras la Fiscalía investiga el caso como una grave violación al DIH.

La médica Daniela Hernández Montoya fue liberada el 26 de agosto en Sevilla, Valle del Cauca, tras 12 días de secuestro. Su liberación, mediada por la ONU, fue el resultado de la presión social y la acción de las autoridades, quienes investigan la presunta responsabilidad de disidencias de las FARC. El caso generó una fuerte movilización ciudadana y evidenció los riesgos que enfrentan los profesionales de la salud en la región.

La investigación sobre la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá se ha reorientado hacia la hipótesis de una desaparición forzada, según el gobernador de Cundinamarca. La controversia se centra en el colegio de la menor, cuya rectora señaló a un extrabajador como posible responsable y es acusado por la familia de alterar la escena. Mientras la búsqueda continúa con apoyo de Interpol, los restos hallados en la zona resultaron ser de otro joven desaparecido, manteniendo en vilo al país sobre el paradero de Valeria.

Alias ‘Kevin’, segundo al mando de la columna Carlos Patiño de las disidencias, se entregó al Ejército en el Cauca debido a la presión de la Operación Perseo. Considerado un objetivo de alto valor, su rendición es vista por el Gobierno como un golpe estratégico que debilita el control territorial y financiero de la estructura de ‘Iván Mordisco’ en el Cañón del Micay, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas.

El atentado terrorista en Cali, atribuido a disidencias de las FARC, dejó seis muertos, más de 70 heridos y severos daños materiales, marcando el regreso de la violencia a gran escala en la ciudad. La respuesta institucional incluye el despliegue de un comando élite, la captura de presuntos responsables y la activación de un plan de apoyo social y psicológico para las víctimas, en medio de un debate nacional sobre la seguridad y la política de paz.

El exdirector de inteligencia del DAS, Giancarlo Auque de Silvestri, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por la tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque. El fallo determinó su responsabilidad en la persecución sistemática contra la comunicadora por sus investigaciones sobre el caso de Jaime Garzón. Esta condena es la novena contra exfuncionarios del DAS por este caso, marcando un precedente en la lucha por la libertad de prensa y contra la impunidad de crímenes de Estado.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) actualizó la cifra de víctimas del conflicto a 132.877 personas. Este aumento se debe a la consolidación de bases de datos y a la mayor confianza de las comunidades en la entidad. Antioquia, Meta y Valle del Cauca son los departamentos con más casos, en un esfuerzo continuo por dar respuesta a las más de 33.000 solicitudes de búsqueda activas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmaron ser objeto de amenazas de muerte por parte de la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Las intimidaciones, detectadas por inteligencia, se dan en un contexto de creciente violencia en la región, lo que ha llevado a un refuerzo de su seguridad y a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, mientras líderes políticos y gremiales han expresado su rotundo rechazo.

Colombia registró su masacre número 51 del año 2025 en Tame, Arauca, donde tres jóvenes fueron asesinados.

El hecho, ocurrido en una zona con fuerte presencia de grupos armados como el ELN y disidencias, eleva a 168 el número de víctimas por homicidios múltiples en el país. Este suceso se enmarca en un contexto de violencia persistente en la región, que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo y que se suma al reciente asesinato de un líder social en la misma localidad.

Internos de la cárcel El Pedregal en Medellín comenzaron una huelga de hambre debido a la pésima calidad y los retrasos en la entrega de alimentos, denunciando la presencia de hongos y gusanos en la comida.

La protesta, que podría extenderse a otros pabellones, también se debe a presuntos malos tratos. La situación se complica por un brote de tuberculosis, lo que ha llevado a solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para investigar las violaciones a la dignidad humana.

El Huila enfrenta una grave crisis por el aumento del reclutamiento forzado de menores, posicionándose como el quinto departamento más afectado en Colombia.

Las cifras de la ONU y la Defensoría del Pueblo muestran un incremento alarmante, con las disidencias de las FARC como principales responsables. En respuesta, la Gobernación instaló un comité de prevención para proteger a la niñez y adolescencia de este flagelo que afecta principalmente a comunidades indígenas y rurales.

Dos soldados profesionales, Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, se encuentran desaparecidos tras combates con disidencias de las FARC en Cumbitara, Nariño.

El Ejército activó un amplio operativo de búsqueda con apoyo de autoridades locales. El hecho ocurre en un contexto de fractura interna del grupo armado y se suma a la creciente tensión por las acciones de las disidencias contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país.