Noticias cortas: Derechos Humanos

La escalada de violencia contra el personal del Inpec, atribuida a un “plan pistola” del crimen organizado, ha costado la vida de ocho funcionarios en 2025. Las autoridades han respondido con medidas de seguridad y acuerdos sindicales, mientras la Defensoría del Pueblo urge a declarar la emergencia carcelaria para abordar la crisis estructural del sistema penitenciario y proteger la vida de los guardianes.

Más de 500 familias en Bajo Calima, Buenaventura, están confinadas debido a combates entre el ELN y disidencias de las FARC.

La Defensoría del Pueblo ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y reclutamiento, mientras la ayuda humanitaria es insuficiente. Tanto la Iglesia como la Defensoría exigen una intervención urgente del Estado para proteger a la población civil.

Recientes ataques con explosivos atribuidos a disidencias de las FARC han puesto en grave riesgo a la población civil.

En Antioquia, dos niños de 6 y 8 años resultaron gravemente heridos, perdiendo uno de ellos un brazo. En Cauca, un hospital y una escuela fueron impactados, lo que provocó la condena de la ONU por ser una clara violación al DIH.

Autoridades colombianas y europeas desmantelaron una red de trata que engañaba a mujeres de Medellín y Cali con falsas ofertas de trabajo en Europa para explotarlas sexualmente.

Nueve personas fueron capturadas, incluido el presunto cabecilla, quienes sometían a las víctimas a deudas impagables y maltratos.

Este operativo resalta la lucha transnacional contra la trata de personas.

El subdirector de la Unidad para las Víctimas, Freddy Orlando Quintero, gestiona 165.000 millones de pesos para los desplazados del Catatumbo mientras es procesado judicialmente por supuestos nexos con el ELN, el mismo grupo que causó la crisis. Este conflicto de intereses genera desconfianza y pone en duda la transparencia en la reparación a las víctimas, quienes siguen en situación de vulnerabilidad.

El magistrado Álvaro Restrepo Valencia fue asesinado en un restaurante en Chinchiná, Caldas, durante un presunto intento de robo que derivó en un tiroteo. Aunque se capturó a un sospechoso con antecedentes, las investigaciones ahora indagan si la bala mortal provino del arma de un escolta que repelió el atraco. El crimen ha generado una fuerte condena de la Rama Judicial, que exige justicia y el esclarecimiento de los hechos.

La Corte Constitucional ha emitido dos sentencias clave: una que define el cuidado como un derecho humano con responsabilidad estatal, y otra que prohíbe el despido de madres lactantes hasta los dos años del niño.

Ambos fallos representan un avance significativo para los derechos sociales, de las mujeres y de los cuidadores en Colombia.

Las autoridades capturaron y encarcelaron preventivamente al rector de un internado en Vichada, acusado de abusar sexualmente de seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores.

El implicado habría usado su cargo y amenazas para intimidar a las víctimas.

El caso evidencia la grave vulnerabilidad de los menores en instituciones educativas rurales y la importancia de la protección de los derechos de los niños y pueblos indígenas.

El sistema de salud colombiano está en crisis por una doble vía: un alarmante aumento de enfermedades como dengue y fiebre amarilla, y el colapso administrativo y financiero de la Nueva EPS. Esta situación ha derivado en fallas masivas en la entrega de medicamentos y en la atención a millones de usuarios, vulnerando su derecho fundamental a la salud y evidenciando una emergencia sanitaria a nivel nacional.

Una asonada de 400 civiles en Sonsón, Antioquia, frustró un operativo del Ejército contra el Clan del Golfo, logrando liberar a capturados y recuperar el cuerpo de un abatido. El incidente, que incluyó la quema de vehículos militares, evidencia la pérdida de control territorial del Estado y la preocupante simpatía de algunas comunidades con grupos criminales, lo que pone en grave riesgo a la Fuerza Pública y al Estado de derecho.